La Legislatura de la provincia de Buenos Aires finalmente logró aprobar el Presupuesto 2023 propuesto por el Gobernador Axel Kicillof. La maratónica sesión tuvo varios momentos de fuerte debate y la aprobación final del proyecto requirió de importantes acuerdos con la oposición.
Durante la reunión también se aprobó la Ley Impositiva, que prevé un aumento del Impuesto Inmobiliario, el Rural y Urbano del 60% para el próximo año. Se trata de un incremento importante pero se ubica por debajo de índice inflacionario por lo que en términos reales implicará una reducción para el 90% de los contribuyentes de la provincia.ç
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El presupuesto aprobado alcanza casi los 7 billones de pesos, destinando a producción y empleo unos $14.000 millones, para promoción social $280.000 millones, para infraestructura $550.000 millones, para salud $162.000 millones, para educación y cultura $1.827 millones, para seguridad $62.000 millones, para perspectiva de género casi $129.000 millones y para la ambiental casi $ 12.000 millones.
El ministro de Hacienda Pablo López consideró que la propuesta oficial “apuesta a un Estado presente que logre cerrar las brechas en términos de infraestructura productiva y social existentes, además de impulsar el proceso de desarrollo a través de una política productiva activa, que fomente el cambio tecnológico y la generación de nuevos puestos de trabajo”.
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Uno de las principales discusiones se dio en torno a la fórmula Coeficiente Único de Distribución (CUD), que regula el reparto de fondos para los municipios, incluyendo el Fondo de Infraestructura Municipal y los aportes coparticipantes para las 135 comunas. Los representantes de los distritos más pequeñas cuestionaban que con esta fórmula resultaban perjudicados, por lo que tanto oficialismo como oposición acordaron tratar una nueva ley sobre el tema.
Uno de los debates que atravesó la sesión fue la propuesta oficial de crear 7 mil nuevos puestos de trabajo en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), propuesta que objetada desde Juntos por el Cambio, planteando que la administración de Kicillof no tenía la autoridad avanzar con una ampliación tal del empleo público. Finalmente se acordó sumar 2.500 cargos para el área en lo inmediato, dejando el resto para cuando surjan nuevas vacantes.
Otra polémica se presentó en torno a las asignaciones familiares de los empleados municipales, con representantes gremiales y sindicatos del sector que denunciaron que el nuevo presupuesto le daba a los jefes comunales “la prerrogativa de abonar las asignaciones por hijo menor a la que se abona a nivel nacional”, por lo que finalmente el punto fue excluido del temario.
