La ONG Fundar dio a conocer un documento de trabajo sobre la variación de los ingresos populares a un año de la asunción del Gobierno de Javier Milei, dando cuenta de un deterioro generalizado, aunque con sectores más perjudicados, como el de los “trabajadores más expuestos a la inflación y a la recesión, los que dependen del gasto público y aquellos con pocas herramientas para defenderse”, mientras que el impacto fue menos grave para los “asalariados con paritarias”.
El documento de trabajo “Ingresos populares bajo el gobierno de Milei: deterioro generalizado y heterogéneo”, elaborado por los investigadores Sebastián Etchemendy, Federico Pastrana y Joan Manuel Vezzato, plantea que la decisión oficial de “llevar adelante un programa que ataca centralmente la inflación sin mayores compensaciones es la principal clave de lectura para entender lo sucedido los primeros diez meses de gobierno”. Desde esos objetivos, se abandonó el objetivo de “protección de los puestos de trabajo en un contexto de alta inflación e inestabilidad macroeconómica” para aplicar “un programa que intenta desacelerar los precios por la vía de un fuerte ajuste monetario y fiscal”, lo que generó un “importante shock en los ingresos”.
Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, detallan, “todos los ingresos considerados, tomados como un promedio, se vieron disminuidos (a excepción de la Asignación Universal por Hijo, que creció un 27% en términos reales)”, presentando un panorama en el que “en general predominan las pérdidas, pero con distintas intensidades”.
El sector más afectado fue el de los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo (ex Potenciar), que sufrieron una caída del 46% de sus ingresos reales en promedio, dando cuenta del objetivo oficial de “desarticular la ayuda social vía movimientos sociales y jerarquizar las transferencias no mediadas a través de la AUH” (aunque aclaran que pese al aumento de la AUH y de la Tarjeta Alimentar es “difícil sostener que este sector fue resguardado”, especialmente en un contexto de aumento de 30% de la pobreza y duplicación de la indigencia).
La diferencia en el impacto de estas políticas nacionales se explica sobre todo por las desigualdades asociadas a la alta inflación, el fuerte recorte en el gasto público (con un eje importante en salarios y previsión social) y la desinstitucionalización de las instancias generales de discusión salarial (como el Consejo de Salario Mínimo o la Paritaria Nacional Docente), generando una amplificación de las heterogeneidades previas.
En ese marco, fue menos grave la situación de quienes perciben ingresos regulados por paritarias (definidas como “instrumento clave en la capacidad de los sectores de defenderse de los shocks y saltos inflacionarios”), por lo que el sector privado sufrió un deterioro menor en sus ingresos y comenzó a recuperarse más rápidamente. La heterogeneidad también se manifiesta al interior del sector privado, con algunos que pudieron “empardar” la inflación mientras que otros sufrieron pérdidas de hasta un 20%.
“Otro rasgo saliente de los primeros meses del gobierno de Milei es el paulatino proceso de desarme de cierta institucionalidad laboral vinculada a la negociación colectiva, particularmente el Salario Mínimo Vital y Móvil y la Paritaria Nacional Docente”, cuyos aumentos fueron decididos “unilateralmente” por el oficialismo. Después de tres reuniones del Consejo del Salario durante la gestión libertariana, la caída del Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de 28,2% en términos reales, mientras que el retroceso del salario docente en promedio fue de 28,8%.
Trabajadores asalariados no registrados y no asalariados (principalmente cuentapropistas informales, trabajadores independientes de oficios y profesionales independientes), mostraron indicadores más negativos no sólo en cuanto al ingreso sino por caída de la actividad económica del (de 4% promedio), aumento en el desempleo (pasando del 6,2% al 7,6%) y el aumento del subempleo.
En el sector público, la nueva gestión recortó el gasto operativo en salarios tanto por la vía de una gran cantidad de despidos como por una negociación salarial a la baja respecto de la inflación, con una caída de 22,1% de sus ingresos reales entre noviembre y enero, mucho mayor que la del sector privado (12%). Dentro de este sector, el más afectado fue el de los docentes universitarios, que perdieron un 30,3%.
“Una parte importante del plan antiinflacionario impulsado por el gobierno de Milei se centró en el ajuste fiscal. Esto impactó fuertemente sobre los ingresos familiares dependientes del Estado Nacional. Jubilaciones, salarios públicos y programas sociales representan prácticamente el 50% de dicho ajuste”, concluye el informe.
