En las últimas horas el presidente estadounidense Joe Biden incluyó en la lista de proyectos que el Gobierno aprobará a fin de año una resolución que le permitirá a la gigante Boeing certificar el próximo año sus aviones 737 Max7 y Max10. Esta decisión, al filo de la fecha límite del 27 de diciembre que había establecido el Congreso, implica de hecho un salvataje de la empresa, que hoy en sus diferentes divisiones tiene una plantilla de más de 150 mil trabajadores.
Mientras en nuestro país constantemente se reabren debates cuestionando la necesidad de una aerolínea de bandera con participación estatal y proponiendo la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, estas noticias de Estados Unidos muestran que incluso allí el rol del Estado es clave para el desarrollo de la actividad aerocomercial, tanto en términos de regulaciones como para garantizar la actividad de las empresas de un sector que genera cientos de miles de empleos directos e indirectos y es clave para la actividad comercial.
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La decisión de Biden le tiende una mano a Boeing para salir de la crisis que le generaron los errores de diseño de su modelo 737 MAX (que lanzó en respuesta al A320neo de Airbus), que produjeron dos accidentes fatales. Esto llevó a que en 2019 se suspendiera a nivel mundial el permiso de vuelo de este modelo, dejando en tierra 387 aviones de distintas aerolíneas.
Esta resolución de la crisis implicó un inmediato repunte de las acciones de Boeing, que hace poco concretó una de las mayores operaciones de venta de aviones de la historia, con contratos de venta de aviones B737 y B787 a Air India y a la aerolínea estadounidense American Airlines, que adquirió 200 unidades del Boeing 787.
