Por un fallo unánime, la Corte Suprema confirmó que la Anses deberá pagar asignaciones familiares por hijo y por embarazo a las internas del centro de Detención de Mujeres de la Unidad 31, embarazadas o que optaron por permanecer en prisión con sus hijos menores de 4 años.
La decisión del máximo tribunal confirma la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal y establece que “el ingreso a una prisión no despoja a las personas de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional de modo que toda situación de privación de la libertad impone al juez o funcionario que la autorice el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos del detenido no afectados por la medida de que se trate”.
La Corte consideró que “el derecho al otorgamiento por parte del Estado de los beneficios de la seguridad social, con carácter integral e irrenunciable, está consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional”. Asimismo remarcó: “Los derechos de las niñas y niños alojados con sus madres [en instituciones carcelarias] requieren su protección integral para garantizarles el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente”.
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Por otro lado, el fallo da cuenta que la Anses no había invocado ninguna norma que excluyera a las reclamantes de los beneficios solicitados. Se trató un grupo “de mujeres detenidas sin condena o que lo han sido por penas iguales o inferiores a los tres años…las que están con sus hijos ejercen la patria potestad, de modo que negarles el beneficio de la AUH, instituido en favor de los niños, importa una violación al principio de no trascendencia de la pena” y “con relación a las embarazadas o a las que permanecen en la unidad penitenciaria con sus hijos hasta los 4 años, la ley 24.714 no establece distingo para ser beneficiarias de las asignaciones en cuestión”.
Vale destacar que la Justicia Federal de La Plata había rechazado el reclamo promovido por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Oficial mediante habeas corpus. Sin embargo, Casación lo admitió con fundamento en que esta negación configuraba un supuesto agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
