Al tiempo que el Frente de Gremios Estatales y de las Empresas Públicas protesta frente al ya devaluado Ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger funcionario ahora de funciones no especificadas, con el fin de las “facultades delegadas”, que los legisladores nacionales le facilitaron al gobierno, al inicio de la gestión Milei-; la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lleva adelante una presentación judicial luego de que el gobierno reglamentara “el Registro de Personal en Situación de Disponibilidad, mediante el cual pretende avanzar en el despido de trabajadores de la planta permanente del Estado”.
Estamos frente a un régimen de disponibilidad manifiestamente ilegal, aun considerando las facultades extraordinarias que oportunamente fueron otorgadas. Hay un exceso del Poder Ejecutivo en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad, afirmo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Paralelamente, el frente de sindicatos de la administración pública denunció “la disolución de más de cien organismos estatales” y “la tarea desreguladora que empezó con la eliminación del INADI, el INTA, el INTI; la fusión del ENRE y el ENARGAS, junto a la pretendida disolución de la Dirección Nacional de Vialidad”, lo que especifican, significó cesantías y despidos de “cincuenta y dos mil trabajadoras/es estatales”.
También denunciaron “la eliminación de la obra pública, reduciendo la inversión por más de 16 billones de pesos desde diciembre del 2023”, mientras que las partidas para “jubilaciones y pensiones mermó en más de $13 billones, más de $9 billones en programas sociales, que, sumados a la baja en salarios, en subsidios y transferencias a provincias supera los $65 billones”.
“El éxito consignado por el gobierno” –afirman desde FGE- “se manifiesta en la miseria de una población que sufre la pérdida del empleo, la baja de los ingresos, a lo que se suma la marginación social de millones de personas a quienes se le cierra la puerta de la función social múltiple del Estado, hecho acontecido con cada eliminación de actividades estatales que cayó bajo la motosierra”.
En cuanto a la denuncia judicial Aguiar, trabaja en conjunto con Daniel Catalano de ATE Capital, ya que según explicaron “no se reúnen los parámetros legales exigidos por ley, para declarar el pase a disponibilidad de los trabajadores afectados por las últimas reconfiguraciones de organismos en el marco de las facultades delegadas”.
“Sólo los militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectados por el derecho constitucional a la estabilidad”, concluyen.
