Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en horas de la mañana de este martes el vehículo particular del secretario Gremial de la seccional CABA de la CTA de los Trabajadores y delegado general de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Rubén López, fue incendiado por un grupo de individuos todavía no identificado, lo que se lee como una amenaza o represalia por el rol del dirigente estatal en la lucha contra los despidos que lleva adelante el Ministerio de Justicia.
El Ford EcoSport de López había quedado estacionado, como todas las noches, en la esquina de su domicilio familiar, a metros del Parque Domínico, en la localidad de Avellaneda, pero fue atacado e incendiado por cuatro individuos no identificados durante la madrudaga del martes. “Fue incendiado y destruido de manera sospechosa en las inmediaciones de su domicilio”, denunciaron desde ATE.
En buena parte la sospecha surge del rol de López como delegado en el Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, que en estos días está impulsando el cierre de organismos vinculados a la memoria y los derechos humanos, como el Centro Cultural Haroldo Conti, y el despido de cientos de trabajadores del sector, en una ofensiva denunciada por organismos gremiales y de derechos humanos como parte de un plan negacionista de los crímenes de la última dictadura cívico-militar.
El dirigente reconoció que aún no hay pruebas que vinculen el atentado con su rol en el conflicto, pero, remarcó: “Es muy llamativo el estado en el que quedó el auto”. “No es obra de un quemacoches, hay otras cosas. Hay una saña evidente contra mi vehículo. En apariencia es eso”. Y añadió: “Siempre hay situaciones ríspidas en la tarea sindical con esta gestión. Pero ríspidas en serio. La semana pasada hicimos una movilización y la policía filmó a cada uno de los participantes. Es algo que no se puede hacer”.
“Como es de público conocimiento nuestra organización se encuentra a la cabeza de la pelea contra la gestión de Cúneo Libarona por el despido de más de mil trabajadores y el vaciamiento del organismo”, denunciaron desde ATE. A su vez, la CTA-T enmarcó el incidente como parte del clima general de violencia política que genera y promueve el gobierno de Javier Milei, considerando que el ataque “no puede desligarse del clima de violencia verbal e intolerancia política que sectores del gobierno promueven y que habilita a grupos violentos a cometer actos como éste”. Y concluyeron: “Es inadmisible que en un país democrático se fomenten discursos que habilitan agresiones contra quienes alzan su voz para defender derechos y oponerse a las políticas de ajuste”.
