Un amplio colectivo de organizaciones gremiales compartió este lunes un texto común en el pide mayor intervención estatal en la coyuntura y rechaza los despidos y suspensiones que llevaron adelante algunos empresarios en el contexto de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Allí denuncian que “la clase trabajadora y sus organizaciones enfrentamos una doble amenaza: el Covid-19 y sus consecuencias en la economía real, profundizando una crisis mundial que crece al ritmo de la pandemia”.
El texto destaca que muchos rubros se vieron obligados a trabajar aún en el marco de la emergencia sanitaria por ser actividades esenciales, situación en la que en muchos trabajadores de estos rubros se encontraron con “falta de protocolos oficiales de higiene y seguridad en los procesos productivos”, situación agravada por el previo “debilitamiento de los resortes del Estado que deben velar por el efectivo cumplimiento de la normativa laboral”.
En este sentido, reconocen que los Ministerios de Trabajo y de Salud (de nivel nacional y provincial) en muchas ocasiones “no llegan dentro de las fábricas y de los lugares de trabajo”, por lo que la representación sindical constituye la “más efectiva defensa ante los riesgos de la pandemia y ante las empresas que priorizan su rentabilidad a la salud de los trabajadores y de la sociedad”. Así, los gremios, delegados y comisiones internas funcionan como “verdaderos controles ante la prepotencia patronal”.
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Para muchos trabajadores que se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio, “los empresarios conocen y repiten una vieja receta: la reducción salarial o el despido”. En este sentido, el colectivo gremial denuncia que “las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para proteger el empleo y el salario parecieran no aplicarse a un gran sector del empresariado que despide, suspende y rebaja salarios”. Entre ellos se cuentan “algunos de los empresarios más poderosos del país” y “sectores que han sido los grandes ganadores del modelo: compañías eléctricas, gasíferas, agroexportadoras, concesionarias de peaje, bancos, que han acumulado grandes ganancias y no han hecho ningún aporte en la emergencia”.
Al respecto, los gremios firmantes denuncian que de mantenerse esta situación, “las medidas que buscan proteger a los trabajadores sólo quedarán como un catálogo de buenas intenciones y todos los esfuerzos del PEN no podrán evitar una mayor profundización de la crisis”. Por ello, se exige una “intensificación de la intervención del Estado en la protección del trabajo, conforme el mandato constitucional” que incluya “acciones concretas con quienes despiden, suspenden y rebajan salarios, con aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad para sacar una mayor ventaja, deben ser sancionados e intervenidos”.
También se remarca que hay sectores de la clase trabajadora que son monotributistas o autónomos “que necesitan afrontar esta emergencia con un salario garantizado, independientemente de las categorías tributarias que se les han impuesto”. También plantean la necesidad de “atender” a los trabajadores de la economía popular “ampliando la cobertura, no solo aumentando los beneficiarios sino también extendiéndola en el tiempo”.
El texto reconoce la dificultad de “romper con un modelo económico mundial que hace más de 40 años descansa sobre las finanzas y el capital ficticio”, por lo que se remarca que las acciones que se tomen para enfrentar esta situación “no pueden estar signadas por la ortodoxia y el capital financiero, que empujan a descargar sobre el trabajo todas sus consecuencias”.
“Somos los trabajadores los que creamos la riqueza del mundo, y muchas de las organizaciones que suscribimos la presente representamos a quienes siguen trabajando todos los días para garantizar la salud, la alimentación, el transporte, la exportación, entre otros servicios importantes no sólo para esta emergencia sanitaria sino para la economía del país, convencidos del lugar histórico que ocupamos. Pretendemos que en este contexto el Estado intervenga con determinación y medidas concretas frente a las empresas que no se expresan con el mismo compromiso, privilegiando sus intereses por sobre los del resto de la sociedad”, concluye el documento.
Firman el texto: FTCIODyARA, Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina; FeMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina; CTA, Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma; ATE, Asociación de Trabajadores del Estado; FGB, Federación Gráfica Bonaerense; FESPROSA, Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina; FJA, Federación Judicial Argentina; FeTERA, Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina; UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular; SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos; AAPM, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina; APJ GAS, Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines; SIPREBA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires; CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba; Sindicato Luz y Fuerza de La Pampa; Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata; Sindicato Luz y Fuerza Zárate; OTECH, Organización de Trabajadores Eléctricos de Chaco; SOEAIL, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma; SOEASI; Sindicato de Obreros y Empleados del Azucar San Isidro; UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina y otras organizaciones.
