Este martes, con un nuevo proyecto, presentado por el sanjuanino Roberto Basualdo, el oficialismo en el Senado pondrá en marcha el debate sobre blanqueo laboral con la ilusión de lograr el objetivo que el año pasado no logró.
Este proyecto se comenzará a analizar en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que se realizará desde las 16 en el Salón Atrio, y al que fueron invitados representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El proyecto, cuyo título es “Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral”, establece un plazo de 365 días corridos, desde la entrada en vigencia de la norma, para los empleadores que decidan regularizar la situación de sus trabajadores en negro.
Implica también que los empleados tendrán derecho a “computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice”. Y agrega que “dichos meses serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la relación laboral, a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la ley”.
Aquellos que se acojan a la ley contarán con una condonación de las deudas de aportes y contribuciones patronales. “Los empleadores que regularicen relaciones laborales en los términos del presente régimen gozarán de una condonación del cien por ciento 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios”, indica la iniciativa.
Aunque tiene semejanzas, no es idéntica a la presentada en abril del año pasado, cuando el Gobierno envió en tres partes la reforma laboral que no avanzó en el Congreso. Ahora, Cambiemos insistirá con esta propuesta, que puede tener mayor aceptación luego de realizar algunas modificaciones para alcanzar acuerdos entre el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y los dirigentes de la Central Obrera.
Si hablamos de la promoción del empleo, el proyecto determina que los empleadores que hayan regularizado a sus trabajadores en negro y además contraten a nuevos “gozarán respecto de las mismas y por el plazo de dos años contados a partir de la registración, de la exención de las contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino”.
A continuación se establece que “el empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento del reconocimiento de la falta de registro, por cada período mensual no registrado o el que proporcionalmente corresponda”.
