Argentina ratificará el convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso laboral

Lo anunció el pasado domingo el Presidente, Alberto Fernández, durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Además, donde destacó el apoyo técnico de la Organización en el marco del nuevo Consejo Económico y Social.

“Enviaremos el proyecto de ley para la ratificación del Convenio núm. 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que es una expresión unánime de la comunidad internacional”, afirmó Fernández, quien asumió la presidencia hace 81 días. Agregó, además, que lanzará un Plan Nacional Contra la Violencia por Razones de Género.

El presidente argentino dio esta noticia después de meses de conversaciones entre la Organización y distintos funcionarios y áreas del gobierno, iniciadas tras la 108º Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra (Suiza), cuando el Convenio sobre la violencia y el acoso, y su recomendación asociada fueron aprobados por los representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores de 187 países.

Al unísono, distintos actores celebraron la noticia, como fue el caso de la Corriente Federal de los Trabajadores:

Ya Fernández en el marco de la celebración de los 50 años de la OIT en Argentina, había solicitado a su  director general—Guy Ryder— reafirmar el convenio y colaboración de las autoridades de la OIT para desarrollar un nuevo pacto social entre empresarios y sindicalistas, en el marco del diálogo social tripartito, una herramienta que promueve la organización desde sus orígenes, en 1919.

Con esta decisión del Presidente Fernández, Argentina podría convertirse en uno de los primeros países del mundo en ratificar formalmente este convenio.

En el caso argentino, el Congreso Nacional es la autoridad competente para aprobar el proyecto de ratificación del convenio. Una vez aprobado, el gobierno debe depositar formalmente el instrumento de ratificación ante la sede de la OIT en Ginebra, para que sea registrado por el Director General. Para que el convenio entre en vigor, es necesario que al menos dos países lo ratifiquen y, a escala nacional, cada nación tiene doce meses para adaptar su legislación.