La decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue cuestionada en las últimas horas en múltiples sectores, desde organismos sanitarios nacionales e internacionales, legisladores de todos los niveles, gobiernos provinciales, gremios y especialistas en el sector salud. En respuesta, se prepara la convocatoria a una «gran marcha federal» en defensa de la salud pública.
La medida se enmarca en una ofensiva más general del Gobierno de Javier Milei contra el sistema sanitario nacional, que se expresa en miles de despidos en el sector salud, aumento desmedido de los medicamentos y eliminación de la cobertura para jubilados, reforma regresiva del sistema de obras sociales, destrucción de programas de asistencia oncológica gratuita, hospitales desfinanciados y en crisis, y recortes a programas tan centrales como los de vacunación y lucha contra el HIV.
Ante los primeros cuestionamientos, el ministro de Salud Mario Lugones intentó aclarar que “Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante OPS” (Organización Panamericana de la Salud). “Es importante destacar que salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA”, añadió. Sin embargo, numerosos especialistas denunciaron la falsedad de estos argumentos, ya que ambas organizaciones se encuentran fusionadas, siendo la OPS la oficina regional para las Américas de la OMS, con sus funcionarios y oficinas totalmente unificados, por lo que no parece viable desafiliarse de una y mantener la membresía en la otra.
El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba (CMPC) expresó su “profunda preocupación” por la decisión, considerándola como “un error estratégico” que “nos aislará de espacios científicos y de vigilancia epidemiológica, poniendo en riesgo no solo la salud individual de los habitantes, sino la capacidad del país para responder con rapidez y eficacia ante emergentes futuros”. La Fundación Soberanía Sanitaria alertó sobre las restricciones al “acceso a insumos médicos, medicamentos y vacunas a precios accesibles, ya que el país quedará fuera de los fondos rotatorios que facilitan su compra” y el debilitamiento de “la red de centros colaboradores que impulsan investigaciones y avances epidemiológicos, como el Instituto Malbrán y el INCUCAI”, enfatizando que además “implicaría una reducción en la financiación y el soporte internacional para enfermedades transmisibles, no transmisibles, salud materno-infantil y salud mental” y que “los profesionales de la salud también tendrían menos oportunidades de formación y actualización a nivel global”.
El anuncio fue cuestionado por Amnesty Internacional, por legisladores nacionales (que evalúan posibles recursos parlamentarios para frenar la medida), provinciales y de la Ciudad, así como por especialistas sanitarios de todo el país. Ya se pronunciaron explícitamente en contra desde las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y hasta el actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ex titular de Salud durante el macrismo, Fernán Quirós planteó su oposición, remarcando que “la OMS es el principal instrumento que tenemos”.
En el mismo sentido fueron los repudios de organizaciones de profesionales de la salud como la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa). La CTA Autónoma denunció que “se trata de una decisión política que no tiene fundamento técnico alguno y que va en consonancia con la destrucción del Ministerio de Salud”, buscando “convertir al mundo y a nuestra nación en particular en una selva donde el Estado sólo sirva para garantizar la seguridad y la ganancia de los poderosos”. En ese sentido se recordaron los miles de despidos recientes en el sector y el desfinanciamiento e intento de cierre de hospitales públicos, remarcando que el plan es que “solo puedan acceder a los cuidados aquellos que tengan los recursos económicos para ello”.
También la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que la medida “es un golpe demoledor para el sistema sanitario público”. El titular del gremio Rodolfo Aguiar, resumió: “Se termina de condenar al país a un aislamiento del mundo sin precedentes. El idilio de Milei con los estadounidenses Donald Trump y Elon Musk se traduce en un costo social muy alto. Es imposible dimensionar con exactitud la magnitud del daño. Se está afectando la soberanía de nuestro país. Nos estamos arrodillando frente a un par de locos estadounidenses y lo vamos a pagar muy caro”.
En ese contexto nacional y en el marco de un nuevo abrazo simbólico al Ministerio de Salud contra la última tanda de más de 360 despidos en áreas estratégicas de vacunación y HIV, Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) planteó la necesidad de avanzar hacia una «Gran Marcha Federal en defensa de la salud pública»: «No podemos seguir con luchas sectoriales. Necesitamos una medida masiva porque solo así podremos resistir este plan de muerte».
