Desde la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) se denuncia un intento de “desguace” del parque de generación termoeléctrica, a partir de políticas de falta de inversión y de vaciamiento. Frente a la falta de respuestas oficiales, se presentó una cautelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones cuestionando el decreto que establece el fin de la Emergencia Eléctrica en el país, entre otras cuestiones.
El 1 de marzo de 2019 se publicó la Resolución N° 1/19 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico (“SRRYME”), que deroga la Resolución N° 19/17 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica y establece modificaciones al régimen de remuneración para los agentes autogeneradores, cogeneradores y generadores del Mercado Eléctrico Mayorista que no tengan contratos que contemplen un régimen diferenciado de remuneración.
Según el secretario General de la Apsee, Carlos Minucci, esta normativa resulta muy perjudicial para el sector termoeléctrico, por lo que se pide a la justicia “la nulidad del acto administrativo de la Resolución N° 1/19”. El texto, titulado “No al desguace del parque de generación termoeléctrica”, detalla respecto de la presentación judicial: “Los temas que se mencionan en esta presentación son los siguientes: Decreto N° 134/15, que impone la Finalización de la Emergencia del Sector Eléctrico Nacional decretada desde el 31/12/17. (Cuando en realidad esta Emergencia aún no ha finalizado y por el contrario, se ha profundizado siendo esto visualizado en los permanentes cortes de suministro eléctrico que viene sufriendo la ciudadanía argentina y sin dejar de mencionar lo que fue el Apagón Nacional del 16 de junio último pasado)”.
En cuanto a las centrales térmicas explica que “no se vislumbra el ingreso de nueva generación térmica en el mediano plazo, considerando muy peligrosa la Resolución 1/19 que al cambiar las reglas del mercado, da el contexto para considerar que existe un porcentaje del parque de generación térmica que no es necesario para el sector eléctrico despreciando aprox. 3000 megawatt de generación”. “La generación de energía renovable en particular la eólica se encuentra en un lento proceso de expansión, no siendo suficientes para satisfacer la realidad de nuestro sistema eléctrico”, añade.
Respecto de las críticas sobre del estado del parque de generación termoeléctrica, el gremio reconoce que “algunas máquinas de nuestro parque de generación térmica tienen varios años de antigüedad”, pero asegura que “no es menos cierto que estas máquinas junto con los trabajadores que las operan, son las que salen en auxilio del sistema eléctrico ya sea en los picos de demanda, problemas ambientales que afecten la generación hidráulica, climáticos estacionales (altas o bajas temperaturas) y salidas programadas de generación por reparación”.
Después de denunciar que las empresas privadas “no realizan inversión en estas máquinas y amenazan con sacarlas del sistema eléctrico, restándole al mismo una gran cantidad de megawatts”, Minucci sostiene que un plan similar sólo “tiene sentido” en el marco del proyecto de país “que lleva adelante este gobierno que ha destruido la industria nacional, logrando que la demanda de energía industrial no pare de caer en estos últimos tres años”.
El secretario General de Apsee también denunció que la Resolución 1/19 “atenta contra los puestos de trabajo de alta calificación de aprox. 4000 trabajadores en todo el país”. Como ejemplo, se detalla la situación de Central Costanera, del grupo Enel, “donde la Resolución les da el marco para iniciar un proceso de Retiros Voluntarios que podría ser replicado por otras empresas de sector llevando al sistema eléctrico a una crisis profunda”.
Por último, el gremio concluye: “Reiteramos nuestro compromiso como servidores públicos, de un servicio eléctrico que deben prestar las empresas ante los usuarios que se encuentran prisioneros de esta complicidad entre las empresas y el actual gobierno, al tener que soportar esta brutal transferencia de riquezas que fue el tarifazo, llevando a la población a una situación denigrante de tener que elegir entre comer o pagar la factura de luz. No olvidemos que el servicio eléctrico ha sido reconocido como un derecho humano imprescindible en todas partes del mundo, creyendo que este gobierno sigue sin entender esta tajante definición”.
