La habitual protesta de jubilados de los miércoles, que la semana pasada culminó con una brutal represión por parte del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, para este 19 de marzo se presenta también con un pronóstico sombrío. A pesar de que se anticipa una importante participación de organizaciones políticas, gremiales y sociales, desde el inicio del día, el oficialismo militarizó la zona, difundió mensajes en las estaciones de trenes anticipando represión policial e impulsó intercepciones de vehículos en los accesos a la capital y controles en todo el barrio de congreso.
Luego de una semana completa, en acuerdo con la prensa hegemónica, de justificar la represión previa (incluso la que dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo), desinformar acusando de la violencia a presuntos barras bravas y desconocer las reales condiciones materiales que hacen que los jubilados vengan reclamando por sus derechos hace más de un año, para este miércoles decidieron redoblar la apuesta.
En las estaciones de tren se difundió por pantallas y altavoces un mensaje que decía: “Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República”. También se implementaron controles vehiculares y de pasajeros en los ingresos a la ciudad, controlando la documentación de los pasajeros, y hasta se hizo público un aviso que prometía una “recompensa” de 10 millones de pesos para quien llamara al 134 con información que permitiera identificar a alguno de los presuntos violentos en las protestas.
El operativo desplegado en el barrio de Congreso aparece como absolutamente desproporcionado, con cientos de efectivos de distintas fuerzas desplegados, un vallado que desde las 11 de la mañana cortó el tráfico de toda la zona y controles para el acceso a la plaza en los que se revisan la documentación y pertenencias de los ciudadanos que quieren sumarse a la protesta. También se confirmó la instalación de un sistema de bloqueo de las señales de drones, para impedir que el accionar policial quede grabado por parte de particulares u organizaciones, buscando evitar así la difusión de imágenes comprometedoras contra el accionar policial (en el caso de Grillo, estas grabaciones fueron clave para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad).
Diputados discute el DNU que habilita nuevo endeudamiento con el fondo
En este sentido, también se sumaron a la protesta la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), que convoca a otro «camarazo» en solidaridad con Pablo Grillo (que sigue internado con pronóstico reservado, luego de haber recibido el miércoles pasado el impacto de una granada de gas lacrimógeno) y pidiendo la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable del operativo, lo mismo que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Federación de Prensa (Fatpren).
En esta ocasión, la mayoría de las organizaciones sindicales convocantes -incluyendo a las dos CTA, ATE (que a partir del mediodía planteó un cese de actividades para concurrir al acto, numerosos gremios de la CGT, movimientos sociales y organizaciones políticas- acordaron en la propuesta de leer un documento conjunto, en el que no sólo reclamarán por las mejoras para los jubilados (salarios, devolución de medicamentos gratuitos, etc) sino también por la definición de la fecha del paro cegetista (posiblemente entre el 8 y el 10 de abril) y la difusión de un plan de lucha en defensa de los salarios y contra la entrega de la soberanía nacional (considerando que mientras se reclama en las calles, Diputados estará debatiendo si se convalida o no el DNU de Milei para un nuevo endeudamiento con el FMI).
