Desde la Asociación de Personal Jerárquico del gas cuestionaron el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, que debe pagar más de un millón de trabajadores en nuestro país, definiéndolo como “cada vez más injusto, ilegítimo, confiscatorio y que neutraliza las posibilidades de mejoras aunque conquistemos aumentos salariales como producto de nuestra lucha cotidiana contra la inflación y por obtener mejoras laborales”.
El gremio explicó que las modificaciones a la ley 27617 aprobadas en junio del año pasado “alteraron la manera de calcular el universo de trabajadores/as que pagamos el impuesto”, dándole “un carácter más regresivo” por tomar para el cálculo el mes correspondiente al cobro y el promedio del semestre y si ambos superan la cifra mínima estipulada se aplica la descarga plena del impuesto. Pero cada aumento salarial hace que el piso se acerque y se cobre el impuesto a una mayor cantidad de personas.
Por esto plantean la necesidad de que modificar las escalas que determinan el porcentaje de descuento del excedente, para evitar que se comience a pagar por montos mucho menores que el mínimo establecido por la norma.
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También denunciaron que un problema particular lo constituye el aguinaldo, ya que al tomar la remuneración promedio del semestre “se suma una doceava parte del sueldo”, lo que implica “que ante un nuevo aumento esa cifra será mayor, quedará para ser retenida en el próximo semestre y, si no se modifica el mínimo, el impacto se multiplicará en diciembre o en abril del año siguiente cuando se controlen los descuentos anuales realizados”.
Lo mismo sucede con los pagos extra por antigüedad, por trabajar en zonas inhóspitas o desfavorables, por realizar guardias pasivas, horas extras de lunes a viernes (hasta el sábado a las trece) o tareas nocturnas, por haberse capacitado en forma continua, por ejercer tareas jerárquicas, por cobrar quebranto de caja, complementos salariales o comisiones o porque logre una bonificación anual o un reconocimiento por el día de su actividad, entre otros rubros, que ”verá disminuido su salario en forma constante y, con el paso del tiempo, sufrirá una sustracción cada vez mayor”.
“¿Es justo que un trabajador/a que superó con esfuerzo un cúmulo de decisiones empresariales muchas veces erróneas o perjudiciales o vivió administraciones gubernamentales lamentables y haya acumulado una trabajosa antigüedad o trabaje en lugares hostiles o cumpla tareas cuando la mayoría descansa o se recrea o mantenga con eficacia activos públicos/privados de magnitud o incorpore conocimientos acorde al adelanto tecnológico o ejerza puestos de mando y control, sea alcanzado por un impuesto que debería gravar a quienes realmente tienen ganancias?”, preguntaron desde APJ Gas.
Y añadieron que “el impacto de este injusto impuesto ya cruzó lo razonable”, confirmando que desde el gremio ya iniciaron contactos con otros gremios “para acordar una estrategia común para enfrentar este descuento abusivo a quienes aseguramos los servicios públicos, la producción y distribución de bienes imprescindibles para la vida cotidiana, la eficacia de la estructura de salud, el transporte, el comercio exterior, las comunicaciones, entre otras actividades”. “Los trabajadores/as de la industria del gas natural tenemos el derecho y el deber de aportar nuestro esfuerzo colectivo a lo largo y ancho de nuestro país para que se restablezca la equidad y se respeten nuestros salarios y nuestra lucha por mejorarlos ante una inflación corrosiva”, concluyeron.
