Desde la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ Gas) cuestionaron la decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei en relación con el decreto que definió la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad (Enargas y Enre) en un solo organismo, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, considerando que no es acertado “desarticular organismos con tareas específicas y atribuciones concretas”.
En los considerandos del decreto se plantea la necesidad de reordenar las partidas y bienes de ambos organismos con el objetivo de “alcanzar los estándares internacionales propuestos por la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la inserción de la Argentina en el comercio internacional”. En este sentido, el gremio propone revisar como funcionan los diferentes organismos reguladores de energía en los países más desarrollados que “marcan los parámetros con que se maneja la OCDE”.
Al respecto, reconocen que en varios países existen entes reguladores unificados (no solo para gas y electricidad, ya que algunos también incluyen el petróleo), pero aclarando que “la complejidad de regular, controlar, fiscalizar y resolver controversias relacionadas con los servicios públicos energéticos exige una estructura cada vez mas grande y con mayor especificidad”. Y agregan: “En cada país de Europa conviven varios entes que, muchas veces, se solapan con las autoridades de los poderes ejecutivos”. Este es el caso de reguladores independientes (estatales pero autárquicos), reguladores independientes consultivos (también estatales y autárquicos) y reguladores ministeriales (sometidos a la autoridad ejecutiva).
Tras analizar los casos de países como Estados Unidos o Japón destacan que en todos los casos ese entramado “conlleva áreas estatales especializadas para el gas natural y la energía eléctrica”, lo mismo que “miles de trabajadores con formación acorde y capacitación permanente”. En este sentido, concluyen: “Es decir, bastantes más escalones regulatorios y más trabajadores que los existentes en nuestro país. No al revés”.
En consideración a la extensión de nuestro país, con sus miles de kilómetros de redes eléctricas y gasoductos, controlados apenas por un plantel de quinientos trabajadores de ambos entes, concluyen que “no parece acertado desarticular organismos con tareas y atribuciones concretas” y remarcan que “los usuarios necesitamos mayores controles con poder”, ya que las “temperaturas extremas demostraron que el mercado no se autorregula”.
