Anuncio oficial: Discapacitados no perderán la pensión por conseguir un trabajo registrado

El Gobierno nacional confirmó que los beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez continuarán cobrándola en caso de conseguir un trabajo asalariado con un ingreso menor a los 56 mil pesos. En los considerandos de la resolución se explica que las personas con invalidez en muchos casos son sometidas a particulares condiciones de precariedad laboral, además de tener gastos vitales mayores.

La Resolución 34/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, detalla: “El sujeto de derecho de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en los términos de la Ley N° 13.478 mayor de 18 años de edad, o adolescente emancipado en los términos del artículo 27 del Código Civil y Comercial de la Nación, la suspensión prevista en el artículo 19 inciso c) del Decreto Reglamentario N° 432/97, se mantendrá vigente durante el plazo que dure dicha relación laboral, siempre que los haberes fruto de la relación laboral fueren mensualmente netos superiores a cuatro (4) jubilaciones mínimas”.

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El texto también plantea mayores facilidades para acceder a la pensión en caso de pérdida de empleo: “En caso de finalización de la mencionada relación laboral mediante telegrama de despido, despido indirecto, o en su defecto finalizado el cobro de los subsidios establecidos en la ley 24013 o 25371, podrá solicitarse la rehabilitación del beneficio, el cual será restituido inmediatamente de conformidad con lo establecido por el artículo 21 de la reglamentación citada”.

Por último, la resolución busca fomentar la contratación de personas con capacidades diferentes planteando que “los empleadores que concedan empleo a personas con discapacidad, tendrán derecho al cómputo especial en el impuesto a las ganancias, equivalente al setenta por ciento (70%) de las retribuciones correspondientes al personal con discapacidad en cada período fiscal”.

Según la ley de cupo laboral, el 4% de los trabajadores estatales de planta debería corresponder a personas con alguna discapacidad, pero en la actualidad esa cifra no llega al 1%.