La paralización de vastos sectores de la economía nacional en el marco de la cuarentena obligatoria viene generando diversos fenómenos, de especial gravedad en el caso de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs): dificultades para pagar los sueldos, ruptura de la cadena de pagos, caída del consumo de ciertos productos y otros. En ese contexto se estima que lo que por el momento se manifiesta como despidos o suspensiones por goteo (y en contra del decreto nacional que los prohíbe) podría avanzar hacia un masivo escenario de quiebras y cierres de empresas. Para ello, el Gobierno nacional viene implementando diversas medidas de apoyo, incluyendo la presión hacia la banca privada para que apoye a las Pymes con créditos blandos.
Ante la previsión de un crecimiento en los concursos de acreedores, mecanismo que sirve para evitar la quiebra y proteger la continuidad de la actividad, muchos especialistas recordaron que en la crisis nacional de 2001/2002 se aprobó la llamada Ley ómnibus de emergencia económica, que estableció la emergencia productiva y crediticia por 10 meses, pesificó las deudas en dólares (con un cambio 3 a 1), amplió a 180 días el período de exclusividad para que el deudor formule propuestas de acuerdo preventivo y extendió a los garantes los beneficios del acuerdo.
En el contexto actual se plantea la posibilidad de avanzar en proyectos que contemplen la suspensión por seis meses de los pedidos de quiebras y todo tipo de ejecuciones, suspensión de las medidas cautelares trabadas y de las garantías de obligaciones financieras que permitieran la transferencia de control de sociedades concursadas o sus subsidiarias, ampliación de un año del plazo para el cumplimiento de obligaciones asumidas por el deudor en los acuerdos concursales y reducción de la tasa de justicia y los honorarios legales bajo determinadas circunstancias
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También se propone reducir los costos de los propios concursos de acreedores, flexibilizando requisitos de la presentación del deudor, reduciendo o suprimiendo publicaciones e inscripciones en registros de las medidas ordenadas con la apertura del trámite, rebaja de honorarios y hasta la posibilidad de crear tribunales especializados para estos casos.
Desde el Gobierno nacional, se apuesta a sostener la delicada situación de las empresas con una serie de medidas (muchas de las cuales aún no se terminaron de definir), pero sobre todo con una fuerte estrategia de acceso al crédito. Aunque los bancos están en un momento de gran liquidez, venían resistiéndose a avanzar con el otorgamiento de créditos a las Pymes, pero desde el oficialismo se presionó fuertemente para multiplicar esta alternativa en vista de la multiplicación de los pedidos de adelantos bancarios de las empresas (que crecieron un 27% en el último mes) y el alto costo de otras vías de financiamiento (tasas de descuento de hasta 90% por cheques).
La línea crediticia impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene una tasa fija de 24% anual, además de varios meses de gracia para comenzar a saldarla. El titular de la entidad, Miguel Pesce, esperaba requerimientos por hasta 350 mil millones de pesos, pero por el momento concretó aproximadamente una tercera parte de ese monto. El Banco Provincia confirmó 1.040 préstamos a Pymes por unos $576,6 millones, más la línea Repymeque en febrero y los primeros días de marzo financió a 4.200 pymes con tasas de entre 20% y 28%. Banco Nación otorgó 1.245 créditos por $3.105 millones para pago de salarios y $784 millones para capital de trabajo, además de 1.698 créditos. El Banco Ciudad presentó una tasa fija del 22% a 12 meses y 3 meses de gracia, aportando unos $450 millones para 500 empresas.
En cuanto a la banca privada, Credicoop había otorgado hasta este lunes 9.945 préstamos para Pymes por $4.100 millones, el Galicia informó de $5.900 millones en préstamos para pago de sueldos y descuento de cheques diferidos, Macro $3.100 millones en créditos de la línea especial MiPyMEs y prestadores de servicios de salud (24% fija en pesos), Santander Argentina aseguró haber puesto a disposición $16.000 millones al 24% anual para el pago de salarios. El BICE anunció la puesta en disposición de $1.000 millones al 19% anual para capital de trabajo de Pymes, además de otra línea a 18 meses al 24% anual.
