Esta semana el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió declarar por unanimidad la “emergencia salarial”, tanto para docentes como para no docentes, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria. En ese contexto de tensiones con el gobierno nacional, que continúa retaceando la recomposición salarial reclamada por el sector, se pone en duda el inicio del segundo cuatrimestre. La misma situación se vive en todas las universidades nacionales.
El Consejo Superior de la UBA manifestó su “preocupación por la jerarquización de la actividad, incluyendo la justa retribución por la tarea realizada, y respalda el reclamo salarial de los trabajadores y las trabajadoras nodocentes, de manera permanente” y remarcó que “en lo que va del corriente año el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores ha registrado una pérdida real en torno al 40%”.
El no inicio de clases fue evaluado en el contexto de un reciente Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), con la representación de 21 gremios del sector. Allí se denunció que el Gobierno de Javier Milei sigue sin convocar la Paritaria Nacional Universitaria, en una situación cada vez más grave por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ante la inflación. También se propuso una convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria en el mes de septiembre.
“La crisis presupuestaria, que no podría estar resuelta mientras no se solucione la cuestión salarial, y que se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria, sigue alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6%”, se informó desde los gremios.
“Tras la sanción de la Ley Bases, con el avance del programa de desguace del Estado, desregulación de la economía y criminalización de la protesta, resulta cada vez más claro que el desfinanciamiento de la universidad pública y el empobrecimiento de sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes forma parte de la política de saqueo y disciplinamiento social que lleva adelante el gobierno de Milei, con la complicidad de los sectores que han apoyado la aprobación de esa norma mientras se niegan a debatir en el Congreso la emergencia presupuestaria de las universidades y el restablecimiento del FONID”, agregaron.
El reclamo de recomposición salarial para docentes y no docentes fue uno de los ejes del reclamo planteado en la masiva Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, tras la que el gobierno aceptó aumentar los gastos de funcionamiento, pero sin extender el reconocimiento al área salarial.
