Diputados oficialistas y dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) presentaron un pedido de amparo dirigido al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ante las sospechas de posible quiebra y vaciamiento de la empresa Edesur, que continúa con la venta de su histórico edificio en la Ciudad de Buenos Aires, así como de otros inmuebles en Avellaneda y Quilmes.
Vanesa Siley y Walter Correa, ambos diputados nacionales y dirigentes de la CFT (por los gremios de Judiciales y Curtidores, respectivamente), presentaron una acción de amparo dirigida al ENRE invocando la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, ante la preocupación de que la distribuidora eléctrica Edesur esté avanzando con un “desprendimiento de activos ante una situación preconcursal” o de “posible quiebra”. Los diputados aclararon que el amparo apunta sobre todo a defender los intereses de los trabajadores de la empresa, así como también el de los usuarios.
Junto a la compañera @Vsiley presentamos un amparo dirigido al ENRE para que responda ante la Justicia porque aún no nos respondió: ¿Qué pasa con los inmuebles que EDESUR puso en venta?, ¿se trata de desprendimiento de activos ante situación preconcursal? pic.twitter.com/Qn66B84LRJ
— Walter Correa (@dipwaltercorrea) March 28, 2019
El amparo se presenta ante la falta de respuesta del organismo regulador al pedido de información presentado en enero, cuando se pusieron en venta otros inmuebles y oficinas de la empresa, que forman parte del contrato de concesión, cuya venta debería ser regulada por el ENRE. La maniobra sospechosa ya había sido denunciada también por la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), que hizo público el proceso de «vaciamiento» de Edesur por el Grupo ENEL, así como por el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (CEPIS), entidad defensora de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios públicos.
Edesur ya concretó el desprendimiento del edificio de oficinas ubicado en el centro del municipio de Avellaneda, donde se atendía al público y se realizaban tareas administrativas, operación que en su momento fue denunciada como irregular porque se concretó “sin que aparentemente se haya realizado ninguna presentación oficial de estos movimientos económicos, ni se conociera el destino final que tendrán esos fondos, con el peligro que implicaría una descapitalización de una empresa que brinda energía eléctrica a más de dos millones y medio de usuarios”.
Por qué EDESUR pretende vender su patrimonio? Son maniobras típicas de desprendimientos de activos ante una posible quiebra? Esta denuncia fue formulada por APSEE y junto a @waltercorreasoc hicimos dos presentaciones, ante el ENRE y el Congreso de la Nación pic.twitter.com/HeRDSYByke
— Vanesa Siley (@Vsiley) January 21, 2019
La preocupación de los legisladores y de las entidades de defensa del consumidor apunta a que estas operaciones inmobiliarias (realizadas sin el obligatorio concurso del ente regulador) “podrían interpretarse como un intento de vaciamiento de la empresa, al disminuir su patrimonio concedido por el Estado”. Estas maniobras, además, se producen en conjunto con una estrategia de reducción de personal, sobre todo de alta calificación, y la histórica falta de inversión para mejorar el servicio, un déficit histórico de la distribuidora, a pesar del aumento inédito de sus márgenes de ganancia luego de los tarifazos autorizados por el gobierno de Mauricio Macri.
