El escándalos de los vacunados VIP por parte de la cartera de Salud de la Nación tuvo su correlato de manera internacional, ya que la organización Amnistía Internacional realizó un pedido de información a la cartera que ahora lidera Vizzotti para conocer detalles sobre la distribución, criterios de asignación y aplicación de las dosis en todo el país.
En este marco determinado por la pandemia, Amnistía Internacional se encuentra documentando y monitoreando el diseño e implementación de los planes de vacunación en el mundo y la región, con el objetivo de que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.
Por eso, la organización pidió una entrevista con la flamante ministra para brindar «aportes en la implementación del Plan de Vacunación con perspectiva de derechos humanos».
Así lo expresó Amnisty: “En un contexto de escasez, el orden de vacunación debe seguir criterios que apunten a garantizar el derecho a la salud respetando los estándares de derechos humanos; las vacunas deben ser asignadas de forma transparente y estratégica respetando a los grupos prioritarios. Resulta inaceptable que sean destinadas a personas o grupos por motivos arbitrarios y opacos. Estos hechos generan desconfianza y pérdida de legitimidad de las decisiones del Estado y no pueden tolerarse. Se debe establecer un marco sólido de rendición de cuentas en caso de violaciones de los criterios de los planes de vacunación”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
«Resulta de vital importancia garantizar la participación activa, informada y efectiva de la sociedad en la adopción de decisiones. Las leyes, políticas y prácticas para la implementación del Plan Estratégico de Vacunación deben concebirse y aplicarse con la participación y seguimiento significativos de la sociedad civil que permitan su escrutinio”, agregó la referente.
Vale destacar que según la ONG los planes para la inmunización deben garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para toda la población, de acuerdo con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación. Los Estados deben brindar toda la información necesaria y disponible de manera oportuna, transparente y accesible para permitir el escrutinio público.
