La “motosierra profunda” que prometió el presidente Javier Milei sigue avanzando contra distintas dependencias estatales y contra miles de puestos de trabajo en la administración público. Este lunes vencen unos 50 mil contratos estatales, que serían aprovechados por la gestión de La Libertad Avanza para implementar miles de nuevos despidos. Además, se redobla la ofensiva contra el Centro de la Memoria que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cuyos fondos serían congelados.
En cuanto al despido de contratados, uno de los mayores focos de atención se encuentra en la Secretaría de Trabajo, dependiente de la cartera de Capital Humano, para la que trascendió la intención de la ministra Sandra Pettovelo de aplicar un recorte de hasta 50% del personal, lo que implicaría unos 1600 despidos. A esta cifra podrían sumarse otros cientos de cesantías en Educación, Jefatura de Gabinete, Vialidad Nacional y el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA). ATE además realizó este jueves pasado un paro por 24 horas reclamando la renovación de todos los contratos que finalizan en marzo y su plena adhesión al paro general de 36 horas convocado por la CGT para este 9 y 10 de abril.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se confirmaron vigilias durante todo este lunes en las dependencias amenazadas, así como en sus delegaciones provinciales. El titular del gremio de estatales Rodolfo Aguiar, consideró: “Tenemos un Gobierno que ha actuado de manera permanente al margen de la Constitución y de las leyes. No vamos a permitir cesantías masivas y sin una causa justificada. Vamos a hacer guardias en todos los organismos, y no descartamos ocupar las dependencias que dejen trabajadores en la calle”.
En cuanto a la ex ESMA, pocos días después de la histórica movilización del 24 de marzo, el oficialismo confirmó sus intenciones de paralizar el Centro de la Memoria. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, de cuya cartera depende la Secretaría de Derechos Humanos, anticipó la realización de una auditoría que, en principio, implicaría el congelamiento por 60 días de todos los movimientos bancarios de la entidad, lo que implicaría el no pago de salarios. Durante el fin de semana, la seccional de ATE del organismo llevó adelante un cese de tareas y convocó a una asamblea para este lunes, en la que se definirán las acciones a seguir.