La Justicia llevó adelante una serie de allanamientos a las oficinas de la empresa DOTA en el marco de la investigación sobre el ataque a la sede central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que llevó adelante un sector opositor al secretario General Roberto Fernández el pasado 16 de diciembre.
Los operativos judiciales fueron ordenados por la jueza Vanesa Peluffo, del Juzgado Nro. 63 de la Ciudad de Buenos Aires, a pedido de la fiscal Estela Andrades. La causa investiga los incidentes registrados durante un intento de ocupación de la sede central del gremio por parte de un grupo de militantes vinculados al dirigente opositor Miguel Bustinduy, de la agrupación “Juan Manuel Palacios”. Durante el asalto no se registraron heridos pero sí se contabilizaron numerosos daños materiales, en particular en la oficina de Fernández, quien debió refugiarse en la terraza junto a otros militantes.
La disputa gremial se agudizó el año pasado cuando Bustinduy quedó relegado de la conducción de la UTA, pese al apoyo del camionero Hugo Moyano. En ese contexto, Fernández ratificó su conducción gremial apoyándose en la estructura formal de la CGT, que avaló su rol ante el ataque de la oposición. Desde el sector de Bustinduy, con una fuerte base gremial en los choferes de Transportes DOTA y presuntos vínculos con los dueños de la empresa, impulsaron un paro en diciembre, horas antes del ataque a la sede gremial, y uno el pasado 11 de febrero, que fue considerado “ilegítimo” por el propio Ministerio de Trabajo.
La CGT, la CATT y todo el arco sindical repudió el ataque a la sede de UTA
Desde el jueves pasado se llevaron adelante 16 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que en esta ocasión incluyeron secuestro de evidencias. A fines de diciembre del año pasado, pocos días después del violento intento de ocupación de las oficinas del gremio, aunque sin el secuestro de presuntos elementos de prueba.
La semana pasada José Faijá, presidente del grupo DOTA, presentó un descargo ante los ministros de Transporte Mario Meoni y de Trabajo Claudio Moroni, intentando despegarse de las actividades de Bustinduy y definiéndose como una “víctima” de su actividad gremial. El escrito presentado anticipa la decisión de cambiar “radicalmente” su postura pasiva frente al líder opositor después de que Fernández definiera a la medida de fuerza de febrero como “un paro de DOTA”, aunque sin dejar de responsabilizar a Fernández como el principal responsable de la conflictividad gremial.
