Los trabajadores viales denunciaron los peligros del decreto del presidente Mauricio Macri que rescindió las concesiones de siete corredores viales con acuerdos vencidos hace dos años, como un intento por frenar la investigación en curso sobre irregularidades en las concesiones que involucra al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Javier Iguacel. Pero desde la Justicia aclaran que la medida no implica un freno a la investigación en curso.
A principios de septiembre pasado el fiscal de instrucción Eduardo Taiano decidió impulsar la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, imputando a Dietrich e Iguacel por habilitar a varias empresas a continuar con el cobro de peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos a pesar de tener sus contratos de concesión vencidos. El escrito del fiscal sostiene que “la verdadera intención habría sido ampliar los plazos contractuales para beneficiar ilegítimamente a las empresas concesionarias”.
Estas empresas son CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA; Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA; Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA; Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (en la actualidad Sacde SA); Corporación América y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.
El sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) rechazó el Decreto 659/2019, firmado por Macri, el imputado Dietrich y el jefe de Gabinete Marcos Peña, que confirma la finalización de los contratos y establece el pase de los 3374 kilómetros de ruta concesionados a la estatal Corredores SA. El texto reconoce elípticamente que las empresas estaban operando irregularmente con pliegos de licitación vencidos.
Desde el gremio que conduce Graciela Aleñá advirtieron que se trata de una maniobra para la “destrucción de la Dirección Nacional de Vialidad”, que además “convalida la denuncia realizada por prórroga ilegal y arbitraria de las concesiones viales, pretendiendo proteger a Javier Iguacel y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quienes deberán igualmente responder ante la justicia, por los hechos que perjudicaron al Estado en más de 30 mil millones de pesos”.
Y añadieron: “No es casualidad que este decreto salga en forma posterior a la denuncia penal que realizamos. Estos contratos que habían vencido en abril de 2017 y fueron prorrogados en forma arbitraria e ilegal por el ingeniero Iguacel y el ministro Dietrich, no quedan salvados por el decreto publicado”, insistió Aleñá. Luego añadió que “no se puede legislar para atrás, los hechos ilegales se produjeron y perjudicaron al Estado en más de 30 mil millones y en los montos recaudados en forma ilegal por el peaje. Ante eso los imputados tendrán que responder”.
Los delitos enumerados por el fiscal en relación con el caso incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica. Algunas medidas de prueba solicitadas por Taiano ya fueron ordenadas por el Juez Sebastián Casanello, incluyendo las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas, el pedido de las actas con las que se extendieron los contratos y el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra.
