El Gobierno nacional de Javier Milei, después de concretar más de 33 mil despidos de trabajadores estatales en lo que va del año, anunció su intención de aplicar un “examen de idoneidad” para los empleados públicos. La decisión oficial prendió las alarmas de los gremios estatales, que la consideran como la antesala de una nueva tanda de desvinculaciones que podría producirse a fin de año. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se había cuestionado el mecanismo desde el momento mismo de su anuncio y en las últimas horas también la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se sumó a las críticas.
En una medida impulsada por el Ministerio de Modernización que encabeza Federico Sturzenegger, los exámenes apuntarán a confirmar el manejo de los trabajadores de conocimientos básicos de matemáticas, lógica y funcionamiento del Estado, que se consideran como imprescindibles para el rol público. Según se anticipó, las normativas para la implementación del testeo, que comenzaría ya la próxima semana, se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial, para ser aplicados sobre unos 40.000 trabajadores (incluyendo a los de planta transitoria y contratados).
Desde el gremio que encabeza Andrés Rodríguez se manifestó un “enérgico repudio al Sistema de Evaluación Pública”, definiéndolo como “una propuesta que -lejos de cumplir con los estándares de una evaluación seria y pertinente- se presenta como un mecanismo improvisado que vulnera los derechos laborales”.
En este sentido, denunciaron que a una semana de su implementación todavía no existan “normativas claras” para la evaluación, lo que evidencia “la falta total de planificación y transparencia”. Además, destacan que el mecanismo de examen “no considera la especificidad de las funciones que desempeñan las trabajadoras y los trabajadores y, por lo tanto, no puede ni debe poner en duda su continuidad laboral”.
“Es inaceptable que a trabajadores y trabajadoras de oficios esenciales, cuyos contratos datan de décadas atrás, se les exija conocimientos ajenos a sus funciones. De igual modo, resulta absurdo y ofensivo que profesionales de la salud, que estuvieron en la primera línea durante la pandemia, sean evaluados sobre temas como la Ley de Administración Financiera, completamente alejados de sus responsabilidades y aportes a la sociedad”, añadieron desde UPCN.
Para terminar, remarcaron que la evaluación “en su forma actual” constituye “un atropello a la dignidad laboral y sólo busca humillar a quienes sostienen los servicios esenciales de nuestro país”, por lo que “exigieron” una inmediata revisión del mecanismo y “garantías” de que eventuales evaluaciones “respeten la diversidad de funciones y conocimientos de los trabajadores y trabajadoras, priorizando siempre la igualdad y la transparencia”.
