Este lunes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, Ley 27.605, también conocido como “Impuesto a las grandes fortunas”. Para determinar si corresponde el pago del mismo, para los patrimonios mayores a doscientos millones de pesos, se deberá presentar una declaración jurada hasta el 30 de marzo próximo, fecha límite también para el pago del saldo resultante.
La fecha a considerar para la valuación de bienes es la de entrada en vigencia formal de la ley, el pasado 18 de diciembre. La Resolución General 4930/2021 de AFIP además habilita la instrumentación de distintos regímenes de información para recabar los datos que estimen pertinentes para la detección de las operaciones que puedan configurar maniobras evasivas para el pago del aporte.
Sectores que se oponen al aporte, e incluso anticipan recursos judiciales de inconstitucionalidad, argumentan que existe una doble tributación, ya que la ley considera el patrimonio existente al 18 de diciembre sobre el que ya se habría pagado el impuesto a los bienes personales, en una operación que denuncian como “confiscatoria”. Ante la reglamentación del procedimiento de determinación de las fortunas que deberían realizar el aporte se confirma una perspectiva de judicialización de una parte de las 12000 fortunas que caerían dentro de la nueva reglamentación.
El Gobierno reglamentó el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas
El régimen informativo aprobado también obliga quienes no son sujetos del Aporte a informar respecto de sus bienes si de sus respectivas declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales surgiera que al 31 de diciembre de 2019 hubieran tenido bienes valuados en más de 130 millones de pesos o de 80 millones al 31 de diciembre de 2018. Los sujetos no alcanzados deberán informar también sobre los bienes de su titularidad al 18 de diciembre de 2020. Estas declaraciones juradas informativas deberán ser presentadas entre el 22 de marzo y el 30 de abril.
Este dato es relevante en la perspectiva que plantea un sector del oficialismo respecto de la necesidad de avanzar hacia una reforma impositiva más global, donde se grave más a las grandes fortunas y menos a los pequeños contribuyentes. En este sentido también es relevante la discusión de las últimas horas sobre la posibilidad de eliminar el pago de ganancias para los sueldos menores a 150 mil pesos.
El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli planteó este martes esta perspectiva de incremento de la presión fiscal sobre los grandes patrimonios y explicó: “La Argentina no tiene muchos impuestos, está por debajo de los cánones europeos de la presión tributaria sobre las ganancias y grandes fortunas”. Al respecto, afirmó que “en proporción un asalariado paga más impuestos que una persona de gran fortuna, porque los impuestos directos como el IVA pesan más sobre la población de menores ingresos”. En este sentido, enfatizó la necesidad de ir hacia “un régimen tributario más equitativo y justo” y de avanzar paulatinamente en “modificaciones en el sistema tributario argentino, bajo el principio de elevar la presión fiscal sobre las grandes riquezas, fortunas y ganancias”.
En los últimos días el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) estimó que la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas con una alícuota de 2,5% sobre los aproximadamente 30 mil patrimonios millonarios de nuestro país podría recaudar entre 2,4 y 4,7 mil millones de dólares, una cifra que permitiría garantizar medidas de protección mucho más decididas para los sectores más vulnerables de la sociedad: “Esta cifra podría contribuir a financiar hasta una séptima parte de las políticas fiscales necesarias para superar la pandemia y la crisis generada por ella”.
