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AFIP investiga a 2500 personas por posible intento de elusión al Aporte de las Grandes Fortunas

Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmaron la detección de unas 2500 personas potencialmente alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas que no presentaron su jurada de Bienes Personales del año 2019, posiblemente como estrategia elusiva. Esta resistencia empresarial al aporte se combina con una tensión con el Gobierno en el marco de las negociaciones de “precios y salarios” que se están llevando adelante.

Faltando un mes para el vencimiento del plazo para el pago del Aporte Extraordinario, el próximo 30 de marzo, AFIP considera que “la omisión de presentación de la declaración jurada constituye un indicio indubitable de un ardid tendiente a eludir el pago del Aporte solidario”, por lo que se abrieron investigaciones al respecto.

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La Ley 27.605 sancionada por el Congreso y luego reglamentada por el decreto N°42/2021 establece que el impuesto alcanzará por única a los poseedores de un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, un universo de aproximadamente 12 mil contribuyentes a nivel nacional.
Con la investigación en marcha, el organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont anticipó que iniciará denuncias penales contra esos contribuyentes por el delito de “evasión agravada”, que contempla penas de entre tres y nueve años de prisión. En primer lugar se informará a los contribuyentes de las inconsistencias y en caso de que no subsanen la situación concretando el pago del Aporte Extraordinario se realizarán las presentaciones judiciales.

Desde que comenzó a planearse la perspectiva de este aporte extraordinario de las grandes fortunas en el marco de la epidemia de coronavirus, que podría recaudar 300 mil millones de pesos para fortalecer la intervención estatal en los sectores más vulnerables, fue decididamente resistido por distintos sectores y cámaras empresarias que anticiparon una catarata de apelaciones judiciales planteando una presunta “inconstitucionalidad” de la iniciativa, por su carácter “confiscatorio” y de “doble imposición”.

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La resistencia empresarial al pago de este aporte por única vez se combina con lo que el Gobierno nacional denuncia como una serie de aumentos completamente injustificados de precios en los últimos meses, que han disparado la dinámica inflacionaria. Desde el oficialismo se intenta contener esta tendencia con sucesivas mesas de negociación con los distintos sectores de la producción de materias primas y la industria, pero por el momento no se han anunciado grandes logros en este sentido.

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