Esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envió unas 200 mil notificaciones a contribuyentes inscriptos en el registro Mipyme que no están registrados como empleadores, pese a que por actividades y nivel de facturación es evidente que tienen trabajadores a cargo.
A las 24 horas de esta intimación masiva más de 1100 empresas se escribieron como empleadoras y dieron de alta a 3000 trabajadores, según fuentes de la AFIP. Campañas de este tipo del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont permitieron que durante 2021 fueran blanqueados cerca de 10.000 empleados.
La inscripción en el registro Mipyme fue masiva en los últimos años ya que por ese intermedio se pudo acceder a subsidios, créditos bonificados y moratorias, especialmente en el contexto de la epidemia de coronavirus. Pero ahora la AFIP comenzó a cruzar estos datos con los registros de empleo.
Tras ese cruce de datos la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP envió 200 mil correos electrónicos en los que advertía: “La información disponible en los registros del organismo indica que usted desarrolló actividad económica durante el año 2021 y, asimismo, que cuenta con un certificado Mipyme que le permite acceder a distintos beneficios. Sin embargo, a pesar de las actividades desarrolladas y las características del sector donde se encuentra registrado, usted no figura registrado como empleador”. Y concluía: “La omisión de la retención de aportes y el pago de las contribuciones sociales son pasibles de sanciones”.
En el registro Mypime pueden registrarse personas humanas y jurídicas (la absoluta mayoría de las intimaciones fueron para este último grupo, por considerar que son los que podían tener empleo no registrado con mayor probabildiad) y dentro del sector servicios una empresa definida como “micro” puede facturar ingresos hasta los 13,2 millones de pesos por año y una empresa “mediana tramo 2” llega hasta los $ 940 millones.
En este sentido, Marcó del Pont aclaró que el objetivo de elevar la recaudación apuntará sobre todo a los grandes contribuyentes: “Nuestro Plan Estratégico se propone seguir fortaleciendo la capacidad de fiscalización de las actividades internas que lleva adelante la DGI y el comercio exterior que desarrolla la Aduana. Así abordamos las distintas maniobras que erosionan la base imponible de nuestros países”.
