Este martes, en su habitual encuentro con la prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre de la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), porque presuntamente “duplicaba las tareas de otras compañías estatales ferroviarias”, y del Instituto Argentino de Transporte. Además, insistió con la auditoría alas universidades y remarcó que el reclamo presupuestario debe plantearse en el marco del debate sobre el Presupuesto 2025 y no con la marcha de este miércoles.
Respecto de DECAHF, Adorni confirmó, en compañía del secretario de Transporte Franco Mogetta, que el cierre fue dispuesto a través de la resolución Nº 35/2024. El titular de Transporte sostuvo que “durante la gestión de Alberto Fernández se le destinaron 180 millones de pesos a DECAHF”, denunciando que estos fondos se utilizaban para medidas como la “puesta en valor de obras de arte” en “algunas estaciones en las que ni siquiera operaban trenes” y “que tenían más que ver con amigos de la política” como “algún intendente afín en la línea del gobierno de turno”, mientras que los trenes estaban sin mantenimiento.
Mogetta añadió que el cierre se dispuso para cumplir con las instrucciones de Presidente Javier Milei de “reducir el déficit y eliminar todos los gastos innecesarios”, enfatizando que “se ha cerrado también el Instituto Argentino de Transporte», un ente creado en 2014 que supuestamente por más de 10 años “no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado”, pero generaba “desgastes administrativos innecesarios”.
En este sentido Adorni añadió DECAHF “ha demandado al Tesoro Nacional 180 millones de dólares” y que su cierre “representa una baja en la planta de personal del Estado de 1388 puestos de trabajo, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados”.
El vocero luego se enfocó en los reclamos universitarios asegurando que el veto presidencial a la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso “sigue firme” y que se publicará “en el próximo Boletín Oficial”. Al respecto, aseguró que “el Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades” pero que el lugar para dar esa discusión “es el Presupuesto nacional”. Al respecto, sostuvo que el Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes y que ya se incrementaron en un “270% los gastos de funcionamiento” de las universidades nacionales (en verdad, una parte mínima de fondeo que necesitan las universidades, que sólo se consiguió después de la masiva marcha de abril).
Luego insistió con el reclamo de transparencia a las universidades ya que “los recursos se enviaron, lo que falta saber es en qué se usaron”, confirmando que el Gobierno mandató a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para llevar adelante estas auditorías. Y concluyó: “No es justo que una familia bajo la línea de pobreza subsidie a los que solo van, por ejemplo, a hacer política a las universidades y no a buscar el fin último que es el de educarse”.
