Después de que en los últimos días el Gobierno de Javier Milei modificara por decreto la Ley N° 27.275 de acceso a la información, limitando significativamente las áreas de la información oficial que pueden solicitarse, tanto la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) cuestionaron en duros términos la decisión oficial.
Adepa planteó que “esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia”. Y denunció que “Algunos de los cambios ahora introducidos, al permitir múltiples lecturas, podrían ocasionar aplicaciones restrictivas y claramente incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del erario”.
La entidad periodística agregó: “Adepa entiende que si bien los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios”.
Y concluyó: “El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país”.
Desde el Sipreba y FATPREN sostuvieron que la posición del Gobierno va “en contra del espíritu original de l ley” y remarcaron que esta reforma limita la definición de “información pública” y establece un criterio discrecional para considerar qué es información “secreta”. “Es decir, atenta contra la transparencia en la gestión pública”, agregaron, recordando también que esta medida se suma “a la discrecionalidad en las transmisiones y acreditaciones en actos oficiales, a la censura y el intento de vaciamiento en los medios públicos, a los agravios públicos contra periodistas que difunden información sobre el Presidente u opinan en disenso al gobierno y, también, a la represión contra trabajadores/as de prensa durante las movilizaciones”.
También alertaron “sobre el impacto que esta medida puede tener sobre la comunicación y la prensa, porque restringe el acceso al derecho a la información y cercena parte de la tarea periodística de investigación y difusión, achicando, una vez más, la libertad de expresión”. “Nos preocupa que esta reglamentación esté alineada con una serie de decisiones políticas del gobierno nacional que buscan controlar y oscurecer la información sobre las acciones y los actos del gobierno”, añadieron.
Como ejemplo de la importancia de esta ley, el sindicato de Prensa recordó que fue gracias a un pedio de de acceso a la información pública iniciado por una investigación periodística que se destapó el escándalo de los alimentos secuestrados por el Ministerio de Capital Humano y la ministra Sandra Pettovello.
