El intento por parte de la gestión de Alberto Fernández de poner un “techo” a la paritaria salarial podría ser un punto álgido que -según algunos dirigentes gremiales- puede tensar la cuerda en una relación que ha sido distendida, más allá de puntuales discusiones por los fondos de las obras sociales sindicales o por algún «coqueteo» de dirigentes sindicales con el mismo presidente.
El Gobierno nacional llamó a coordinar este año precios y salarios sobre la base de un acuerdo económico y social amplio y esto encendió alarmas dentro de la CGT, conscientes de lo devaluado de los salarios y de lo duro que será atravesar el 2021, amenazado por una segunda ola de Covid19 y por una inflación que va a contramano del tibio despegue económico de la Argentina.
Si bien, se habla de un acuerdo de carácter voluntario y sin firmas, el sindicalismo se anticipó a expresar su “rechazo” bajo el antecedente de haberlo hecho ya el año pasado y cargar en su haber con esa “pérdida” que se suma a cientos de miles de despidos, que no cesan pese a los decretos que prorrogan las suspensiones y despidos.
El “acuerdo se dará”, trascendió por parte de los principales dirigentes de la central obrera, si hay un verdadero “control de precios”, un hecho en el que no hay confianza, pues es algo que se ha vuelto “impracticable” a lo largo de décadas y ha quedado en frustrados intentos de la Secretaria de Comercio que no logra torcer el pulso de los empresarios más influyentes del país.
El planteo surgió en la última reunión del gabinete económico, el pasado miércoles, en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán se reunió con otros funcionarios «con eje en la coordinación de políticas de precios y salarios» e intentaron avanzar en la definición de una metodología de articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas de precios y salarios, que sean consistentes con el objetivo de desacelerar la inflación.
En año electoral, la mayor preocupación del Gobierno es el control de la inflación. Más allá de eso desde el Gobierno niegan que “exista una pauta con un tope de 30%» propuesta por Guzmán, y sólo hablan de llevar adelante un «proceso de trabajo para consensuar un acuerdo amplio que establezca previsibilidad y genere certidumbre», que incluya a los “trabajadores” y también a las “empresas” que tienen que invertir para recuperarse y crecer y ya no cuentan con herramientas como el ATP, el auxilio para pago de salarios.
El verdadero problema reside en que, si bien, el Ejercicio 2021 habla de una pauta de inflación del 29%, no hay convencimiento de que ese número sea el resultado final, sobre todo cuando los últimos meses, la inflación mensual ha sido de entre el 3 y el 4%, con una expectativa que anticipa, que lejos de achicarse los índices, aumentarán, sobrepasando el número planteado en el presupuesto, impactando negativamente otra vez sobre salarios.
