Después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara a favor de la propuesta del Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri de traspasar competencias de la Justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), distintas asociaciones de abogados, jueces, camaristas y gremios como la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) manifestaron su repudio a la iniciativa.
Tras la decisión de la mayoría del Máximo Tribunal en la causa “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel lsaías s/ incidente de incompetencia” (con la disidencia de Carlos Rosenkrantz) que podría ser tomado como un caso de referencia, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad podría intervenir en instancias de apelaciones para causas penales, civiles, comerciales y laborales.
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La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJM), acompañados por presidentes de cámaras nacionales de Casación y Apelaciones, por representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y de distintos Tribunales Orales Nacionales, así como también el gremio que dirige Julio Piumato llevaron adelante una reunión en la sede de la AMFJM para fijar posición conjunta respecto de esta “inadecuada y peligrosa transferencia de competencias”.
Tras el encuentro, difundieron un comunicado en el consideraron “improcedente” la decisión de la SCJN y alertaron que “la jurisdicción constituye uno de los mayores atributos inherentes a la soberanía del Estado que, en la República Argentina, se integra con el gobierno federal y los gobiernos de las provincias”. Y agregan que “la ciudad de Buenos Aires, si bien es calificada como ‘gobierno autónomo’, su personalidad jurídico-política no emana de un poder originario y propio, sino que es el producto de la voluntad de un ente superior -la Nación Argentina- expresada en la Constitución”.
Además, retomando los argumentos de Rosenkrantz y del procurador general Eduardo Casal, el texto enfatiza que “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la potestad de revisar una sentencia dictada por las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones”. En el mismo sentido, remarca que el Código Procesal Civil y Comercial “prevé la impugnación de las sentencias de las cámaras nacionales, únicamente, a través del Recurso Extraordinario Federal”, por lo que la habilitación a un tribunal local para cuestionar las decisiones de la Justicia nacional habilitaría una vía “recursiva” que “modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación, definida en las leyes 48 y 4055 y en los artículos 1y 32 del decreto-ley 1285/1958”.
Por último, el documento alerta sobre el impacto que la medida tendría sobre los Ministerios Públicos, explicando que “se ven afectados por no cumplirse las leyes del Congreso en cuanto a la unidad de actuación, las restricciones para recusaciones, las sanciones disciplinarias y los mecanismos de remoción, que difieren entre las jurisdicciones nacional y porteña”. Y concluye: “Quienes suscribimos el presente comunicado ratificamos nuestra postura histórica: La Justicia Nacional no puede ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, conforme una recta interpretación de la Constitución Nacional”.
