A más de un mes de la intervención provisoria, no hay definiciones en el sindicato de los trabajadores de Seguridad

Desde el Ejecutivo decidieron dar intervención a la obra social del gremio de los vigiladores privados frente a una especie de “semiacefalía”, causada por un proceso electoral que supo ser cuestionado y por la denuncia de serios problemas en las prestaciones  de salud y las coberturas médicas de sus casi 50 mil afiliados.

De ese modo, OSPSIP, desde el 16 de septiembre a través de la resolución 1097/2020, de la Superintentencia del Servicio de Salud que conduce Eugenio Zanarini, y que integra el organigrama del Ministerio de Salud nacional cuenta con una administración provisoria a cargo de Horacio García a la espera de una definición.

El organismo estatal que regula las obras sociales se basó en un atraso por parte de la obra social gremial en las prestaciones a brindar que no sufrieron modificaciones ni mejoras pese a los reiterados reclamos para que se regularice la situación particularmente en tratamientos oncológicos o afecciones crónicas.

Las denuncias realizadas que comprueban perjuicios en muchos casos para los beneficiarios directos de la prestación incluyen falta de entrega de medicamentos, la postergación de intervenciones médicas y quirúrgicas y diversas irregularidades que habrían imposibilitado la continuidad de dichos tratamientos.

El titular del sindicato, Angel García, atribuyó cuestiones políticas dicha intervención que por supuesto fueron desmentidas desde los sectores acusados, aunque es vox populi el viejo enfrentamiento con Luis Barrionuevo, líder de la agrupación Azul y Blanca, a la que los trabajadores de Seguridad supieron pertenecer.

Más allá de eso, también es un dato que el gastronómico no es afín al Gobierno de Alberto Fernández y mucho menos de Cristina Fernández y hasta mantiene sus diferencias con la CGT, a quien desplantó el pasado 17 de Octubre y no participó del acto en la central madre el 17 de octubre, sino que se “cortó solo” en una ceremonia para pocos donde aglutinó a Carlos Acuña, secretario general de la CGT, al ex presidente, Eduardo Duhalde y a varios sectores díscolos del PJ Nacional.