Los aumentos programados en las tarifas de energía eléctrica, transporte, gas envasado y prepagas, combinados con el arrastre de las subas de precios de alimentos, lograrán que en febrero el prometido proceso de desinflación anunciado por el Gobierno para el primer trimestre del año quede en la nada. Según diversas consultoras privadas, el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante al segundo mes del año podría superar el 3% luego de cerrar en un torno a un 2,5% en enero.
Estas estimaciones superan lo previsto en la publicación oficial del Banco Central sobre Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del mes de diciembre, que anticipó un número más cercano al 2,4% para febrero. Con un nuevo dato que supere esa previsión, lo más probable es que se genere un aumento de las expectativas para los próximos meses en el indicador de enero que se dará a conocer este lunes y que el 30% de expectativa de inflación anual (en diciembre se esperaba un 28,7% para 2019).
Entre los aumentos que impactaron en la nueva aceleración inflacionaria se destacan el de la tarifa de luz (entre 26% y 32%), el de boletos de colectivos, trenes y subterráneos y el de las prepagas, que ajustaron otro 5% a partir del viernes. Por otra parte, las garrafas de 10 kilos también registraron un violento aumento, llegando a $267,70 para el público, y algunas petroleras volvieron a aumentar el precio de sus combustibles.
Bajo el mandato de Guido Sandleris, el Banco Central busca frenar la inflación por medio de estrictos controles sobre las variables agregadas, para evitar una dinámica como la que el año pasado llevó la inflación a casi 50%, pero tratando al tiempo de evitando una apreciación del tipo cambio ya que con el equilibrio actual se considera que se fomentan las exportaciones y se tiende a reducir el déficit de la balanza comercial.
El plan oficial también contempla mantener las tasas interés en sus altos niveles actuales de más del 50%, para evitar cualquier corrida cambiaria, aunque el dólar continúa operando por debajo de la zona de no intervención. Sin embargo, pese a que la estabilidad cambiaria es un factor clave para la desinflación, los impactos positivos de esta variable quedan completamente anulados por la constante aplicación de nuevos tarifazos en los servicios públicos, que inevitablemente redundan en nuevos aumentos de precios.