La Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá, actuando con el patrocinio legal de los letrados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, reclamó vía acción de amparo, “la declaración de inconstitucionalidad, por ilegalidad y arbitrariedad manifiesta (art. 43, primer y segundo párrafo, C.N.) del Decreto Delegado 461/25”, del que según denuncia, se valió el Presidente, Javier Milei, para “concluir la aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo, así como la estabilidad de los trabajadores y servidores públicos comprendidos por las áreas de seguridad vial, ciencias y tecnologías aplicadas, y la salud pública”.
El documento, quedó radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de la doctora Marta Rey, como Expte. Nº 27.651/2025, expresando Aleña que «se genera una amenaza, con incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y operarios que aportaron, desde la creación de los distintos organismos estatales, seguridad, adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos, tratándose de obras y servicios que son parte sustantiva de los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos por el art. 42 de la Constitución Nacional”.
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La fundamentación, según señalaron en un comunicado oficial, «se centra en que el apresuramiento en imponer este desguace del aparato estatal, genera una amenaza por la pérdida de la permanencia de las fuentes de trabajo y la estabilidad de los empleados públicos, protegidos por el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales de derechos humanos y convenciones de la OIT, cuyas disposiciones, así como las resoluciones tuitivas de estos derechos humanos, se invocan y desarrollan extensamente en la reclamación judicial”.
Asimismo, tanto Aleñá como Barcesat argumentaron que “la seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial de la República Argentina, constituye un toque de alarma para la vida, la integridad física y síquica de las personas, así como para la integridad de los medios de transporte, y las mercancías producto de las economías regionales, para el consumo interno y la exportación a terceros países”.
“En definitiva, existe un gigantesco avance en la perversa tarea de destrucción del Estado/Nación, con la pérdida de empleos y el favorecimiento a las importaciones de mercaderías que proveía la industria nacional”, señalaron la sindicalista y el letrado en forma conjunta. Así, agregaron que se trata de “las mismas y fracasadas políticas económicas e institucionales del Estado terrorista, entre 1976 y 1983, la entrega de las empresas estatales del menemismo, proseguidas bajo la gestión macrista, al tiempo que endeudaron al país en cifras astronómicas, comprometiendo la titularidad del pueblo argentino y de las provincias sobre el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio”.
