El Congreso de la Nación, escenario central de un enfretamiento por proyectos de ley, llevados al recinto desde la oposición, ante un Gobierno, que administra la economía del país -por segundo año consecutivo-, sin presupuesto nacional consensuado con el Poder Legislativo, y que ya amenazó con volver a vetar estas inciativas, surgidas a partir de la necesidad de generar recursos para áreas sensibles del funcioanmiento del Estado central y sus representaciones provinciales.
Las discusiones por una lado, se producen en el Senado, donde el conflicto del oficialismo con los gobernadores hizo que se avanzara con una agenda contraria a los planes de la adminstración libertaria como: la recomposición de haberes para jubilados -incluido actualización de bonos y la prorrroga de la moratoria previsional-, las coberturas por invalidez, congeladas desde el año pasado en prestaciones de salud, traslados y planes de inserción laboral; además de los aportes nacionales para las provincias desde el Tesoro Nacional (ATN), entre otras otras demandas. Al tiempo, en la cámara baja se debatirán las leyes de Financiamiento Universitario y Financiamiento Sanitario, que incluyen partidas especiales para el Hospital Garrahan, junto a otros nosocomios públlicos y privados. Uno de estos proyectos busca instrumentar la declaración de emergencia en el área de discapacidad hasta diciembre de 2027, que prevé aumentar partidas presupuestarias, rehabilitando el esquema de pensiones.
Los 24 gobernadores buscan imponer asi, un aumento del reparto de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y las medidas que paralizaron la obra pública con la liquidación de la Dirección de Vialidad Nacional, poniendo sobre tabalas también; la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y el Sistema Vial Integrado; el Fondo Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda.
Los senadores por su parte prevén discutir el polémico fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska sobre YPF y revertir el veto presidencial contra la declaración de emergencia en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, para destinar fondos especiales por la tragedia que sufrió la ciudad en marzo de este año.
Todo el conflicto estalló mediáticamente en tiempo real, durante el feriado patrio del 9 de julio, donde funcionarios del gobierno y espacios de difusión mediatico, dieron a conocer los peligros que podría implicar establecer prioridades sociales y de recursos para el funcionamiento de las economías regionales, que podrían modificar el mandato del aspecto fiscal, cambiario y de cuenta corriente que militan, desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda,
