De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argenitna (UCA), durante 2024 unos 4,3 millones de niños y adolescentes no accedieron a una alimentación adecuada. En el primer año de gestión del presidente Javier Miei, la inseguridad alimentaria aumentó frente a 2023, afectando al 35,5% de los jóvenes y logrando uno de los picos históricos, apenas 1,5 puntos por debajo de lo registrado durante la pandemia de Covid 19.
Según el estudio, la inseguridad alimentaria severa (chicos que directamente pasan hambre) también aumentó el año pasado, subiendo de 14 a 16% (este dato sí por encima de lo registrado en pandemia, que fue de 15%). Desde la UCA remarcaron que el aumento del indicador de inseguridad alimentaria responde a una redistribución en la canasta hogareña de gastos, con familias que debieron reducir la cantidad o calidad en alimentos para afrontar los aumentos de otras tarifas (electricidad, gas, transporte, etc).
Esta situación se manifestó sobre todo el hogares con los adultos en trabajos precarizados, que son pobres o son numerosos y dependen de un solo jefe de hogar, por lo que el empleo es el factor “más decisivo” explicaron. Si consideramos que incluso la mayoría de los trabajadores asalariados formales vieron atrasarse sus salarios respecto de la inflación, el panorama para los informales o precarizados es aún más grave. Y la “redistribución” para cubrir otros gastos (incluyendo tarifas) que aumentaron muy por encima de la inflación se hace con ingresos aún menores. A expensas de la alimentación de los ñiños.
En contraste con estos datos que reflejan una realidad cada vez más dura, hace dos semanas el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello informó que, según datos del Indec (con una ponderación de gastos claramente desactualizadas) anticipó una proyección de baja de la pobreza al 31,7% para el primer trimestre de 2025 (desde el 41,7% registrado en el último trimestre del año pasado).
