Todo el sistema de salud manifiesta estar en estado de crisis, más aún a partir del fin del beneficio que dejarán de recibir clínicas y sanatorios para no abonar distinto tipo de tributos patronales e impuestos al Estado a través del ARCA (ex AFIP) y otros organismos de recaudación. El Estado Nacional permitió esta excepción para sostener coberturas, tanto del campo de la medicina privada, como del sistema que funciona a través de los hospitales públicos y los prestadores de las Obras Sociales.
Algo de esta situación se exhibió en la negociación paritaria entre la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) y las cámaras del sector, donde mientras desde el sindicato se reclamó por la urgencia de una recomposición salarial -finalmente se acordó un incremento del 1,5% mensual, más pagos extras, con revisión en el mes de agosto-, las patronales pusieron sobre la mesa, un contexto de extrema fragilidad del funcionamiento de las coberturas de intervención y residencia de los pacientes en sus establecimientos.
Paralelamente los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud que ejercen en hospitales públicos, sufren diariamente la falta de presupuesto tanto en insumos y espacios de atención, como en extremo retraso a su composición de ingresos salariales y condiciones de empleo. donde el Garrahan es un ejemplo de una realidad que atraviesa casi la totalidad de los centros de salud de todo el país.
Así tienen lógica los cambios dispuestos en áreas dependientes del Ministerio de Salud, como la propia superintendencia, que más allá de cuestionamientos, allanamientos y solicitudes de disolución de obras sociales, está cruzada por discusiones internas que han provocado cambios en los cargos y renuncias reiteradas, al tiempo que el actual titular del área Mario Lugones, justifica esta realidad con declaraciones que explicitan que la salud de la población está en serio riesgo de dejar de recibir la cobertura necesaria para distintas patologías, más allá de estar expuesto como derecho para todos los ciudadanos, en la propia Constitución Nacional, lo que genera mucho ruido entre sus pares y quienes lo conocen tanto de su desempeño en la actividad desde el sector privado (sanatorio Güemes, entre otros), o su derrotero actual como funcionario público que incluyen lazos familiares y de amistad directos con figuras centrales de la administración libertaria.
De hecho, se está empezando a notar un desborde en la atención a pacientes en el abordaje de las distintas enfermedades, o estados de gravedad, por accidentes o complicaciones en cuadros de salud, ya sea a través de la disminución exponencial en la asistencia directa en turnos en consultorios y guardias, como en lo que hace a la necesidad de tratamientos, internaciones y abastecimiento de medicamentos, exámenes de laboratorio o prestación en la realización de distintos estudios, necesarios para seguir la línea de un diagnóstico que debe ser contemplado dentro del sistema de salud que ofrece la Argentina, históricamente destacado a nivel regional y mundial.
