Desde el El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) cuestionaron en duros términos los cambios en el financiamiento a las provincias que firmaron reciente los gobernadores con el Gobierno Nacional de Javier Milei, para transferir directamente a los territorios provinciales los fondos derivados del impuesto a los combustibles, del que dispondrán con libre administración. La titular del gremio, Graciela Aleñá, denunció al respecto: “Es una locura, están poniendo en riesgo la coherencia territorial del Sistema Vial Federal argentino”.
El Sindicato de Vialidad reclamó que se reconsidere la propuesta, advirtiendo sobre los peligros que implica la iniciativa, que podría “desmantelar todo el sistema vial” produciendo “la fragmentación de una política pública esencialmente federal”. En este sentido, cuestionaron técnicamente la iniciativa, explicando: “Tal como establece la Ley N° 505/58, Vialidad Nacional es el organismo rector de la actividad vial en todo el territorio de la República Argentina, función que ejerce en coordinación con el Consejo Vial Federal, integrando capacidades técnicas, estratégicas y operativas con el fin de desarrollar una red vial federal que garantice la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país”.
En caso de avanzar con la provincialización de estos fondos, apuntando a cubrir las necesidades locales, esto puede “comprometer la planificación estratégica nacional, poniendo en riesgo la coherencia territorial del sistema vial argentino”. Al respecto, remarcaron que Vialidad Nacional cuenta con “infraestructura, personal técnico especializado y equipamiento distribuido en todas las provincias, lo que permite ejecutar obras de forma eficiente, con criterios unificados y con la experiencia acumulada durante décadas”. Y agregaron que el traspaso de estos fondos directamente a las jurisdicciones implicaría “la duplicación innecesaria de estructuras provinciales, el desaprovechamiento de los recursos ya existentes y la consecuente pérdida de eficiencia en el uso del dinero público”.
Aleñá, quien integra también la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), analizó la compleja situación que atraviesa la red vial argentina y resaltó la importancia de exigir conjuntamente la transferencia de los fondos para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y desarrollo: “Si existe una situación de parálisis en la ejecución de obras públicas por parte del Gobierno Nacional, lo que corresponde no es desmantelar el esquema federal vigente, sino reclamar con firmeza -por las vías administrativas, legislativas y, de ser necesario, judiciales- la reactivación inmediata del uso de los fondos específicos del combustible, hoy depositados y ociosos, en desmedro del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial”.
La gremialista concluyó enfatizando la necesidad de “una visión integradora, federal y profesional, no su atomización al arbitrio de administraciones locales” y advirtiendo que una desarticulación del sistema podría provocar una “pérdida de estándares de seguridad vial, discontinuidad en los corredores estratégicos, inequidad en el acceso al desarrollo regional y aumento exponencial de los costos de recuperación de la infraestructura degradada”. Por todo ello, instó al Gobierno a cumplir con “lo que mandan las leyes vigentes” y garantizar que “los fondos específicos del impuesto a los combustibles se apliquen con el criterio federal y estratégico para el que fueron creados”. Por último, consideró sumamente importante la intervención del Congreso Nacional, “a los fines de lograr la transferencia de los montos retenidos y asegurar el normal desembolso, que por ley hoy le corresponde, a la Dirección Nacional de Vialidad”
