Después de un año de destrucción de organismos estatales y de más de 50 mil despidos, el próximo 8 de julio por fin vence el plazo de las facultades delegadas aprobadas por el Congreso para el Poder Ejecutivo en el marco de la Ley Bases. A partir de esta fecha se limitará la capacidad del oficialismo, y en especial del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, para avanzar con la fusión o eliminación de organismos sin pasar por el Congreso de la Nación.
Pero antes de que se terminen los “superpoderes”, el Gobierno de Javier Milei pretende avanzar todo lo posible con algunos proyectos. Entre ellos se cuentan el desmantelamiento definitivo de la Casa de la Moneda, la eliminación del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (que se pretende fusionar con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el avance en la privatización y reducción de personal en el Sistema Nacional de Medios públicos y otras iniciativas en el mismo sentido.Según sus cálculos, en caso de que la nueva fórmula jubilatoria que avanza en el Senado se convierta en ley y el Gobierno decida vetarla, necesitará 87 legisladores para ratificar el veto, mientras que el oficialismo solo cuenta con el respaldo de 72 legisladores (LLA, PRO y algunas minorías afines). Además, se busca establecer algún nuevo marco regulatorio para que la cartera de Sturzenegger pueda seguir avanzando con la motosierra pese a la finalización de las facultades delegadas.
En cuanto a la Casa de la Moneda S.A.U., este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto 442/2025, que traspasa varias áreas operativas clave a otros organismos estatales, argumentando la crisis económica de la empresa (desfinanciada desde el momento mismo de la asunción del nuevo gobierno). La iniciativa se enmarca en el plan de reorganización propuesto por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Las áreas a transferir son la línea de Instrumentos Fiscales de Control (IFC) y trazabilidad, que pasa a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); el área de producción de pasaportes, que dependerá del Registro Nacional de las Personas (RENAPER); y la denominada “Billetera Virtual”, que asumirá ARSAT.
El decreto afirma que el objetivo es concentrar a la empresa en su función principal de imprimir dinero circulante y asistir en procesos de atesoramiento y destrucción de billetes. Tras las sucesivas decisiones del oficialismo, entre ella la rescisión de contratos con el Banco Central para la impresión de billetes (eligiendo importarlos de China), hoy Casa de la Moneda acumula una deuda de 243.700 millones de pesos y un patrimonio negativo de $65.973 millones. En ese marco, también se instruyó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para disponer de los inmuebles de la empresa.
El pasado 23 de junio también se llevó adelante un abrazo de científicos, estudiantes, vecinos y trabajadores a la Estación Experimental Agropecuaria INTA-AMBA de Villa Udaondo, en rechazo al plan de recortes, venta de campos y eliminación de estaciones experimentales del organismo que se busca fusionar con el INTI. En ese marco, se quiere modificar por decreto la composición del Consejo Directivo del INTA (hoy con 4 representantes de la Mesa de Enlace, 2 de las facultades de Agronomía y Veterinaria, y 3 representantes del Gobierno), eliminando a los representantes universitarios y quitándole uno a los productores agropecuarios. Ya se cerraron Agencias de Extensión en otras partes del país, se anticipa la venta de unas 27 mil hectáreas y ya se entregó de forma irregular a manos privadas un edificio del INTA en el barrio de Palermo (con un recorte de personal de más de 1500 trabajadores).
En cuanto a los medios públicos, se anticipa un plan de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina (RTA) para luego avanzar con más despidos, apuntando a reducir la planta en un 45%. El resto de los medios también buscan recortar personal: TV Pública 18%, Radio Nacional 50%, en Contenidos de RTA un 92% y en la Agencia de Publicidad del Estado 37%. Además se prevé la eliminación de todo el personal remanente de Télam. Ya cinco empresas del sector medios estatales fueron convertidas en Sociedades Anónimas, que es el paso previo para su privatización.
Ajuste y retiros voluntarios en medios públicos, mientras se firman contratos millonarios
