Continuando con su plan de destrucción de empresas y organismos estratégicos del Estado Nacional, con la excusa de “disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal” y “reducir el gasto público”, este miércoles el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 396/2025, por medio del que se dispone la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), además de la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en unidad organizativa, entre otras medidas de similar gravedad.
Esta nueva ofensiva, que implicará otra gran tanda de despidos de trabajadores estatales, se organizó en base a un informe realizado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, donde se afirma que “los organismos descentralizados registraban en el año 2010 una dotación de 35.481 agentes, cifra que ascendió a 88.095 agentes para el año 2024, lo que evidencia un incremento sustancial en su dotación de personal”.
Así, se define la fusión del INPRES (dependiente de la Secretaría de Obras Públicas) y del SEGEMAR (en la órbita de la Secretaría de Minería), ambos dentro del Ministerio de Economía, “con el objetivo de generar una mayor eficiencia administrativa y funcional entre estos organismos con finalidades técnicas convergentes”. Más allá de que desde el Gobierno se afirme que esta fusión “permitirá centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente y potenciar el desarrollo de conocimiento aplicado a los riesgos naturales”, el actual director del INPRES Rodolfo García, cuestionó: “No hay un beneficio económico en esta decisión y en cambio sí riesgos en el funcionamiento”.
Insistiendo en que la decisión, lejos de generar un ahorro, puede implicar un grave deterioro en las capacidades de prevención sísmica del país, el funcionario también denunció la falta de conocimiento respecto de los organismos que se reforman, ya que ningún representante del Gobierno siquiera visitó la sede principal en la provincia de San Juan: “El único contacto que tuvimos fue informal. Deberían habernos visitado para ver que esta es una institución eficiente y austera”. Y remarcó: “Todo lo que tenemos lo hemos logrado gracias a convenios externos. Esto también forma parte de nuestra identidad institucional, que tiene 80 años de historia”.
Respecto de la degradación del INA a unidad organizativa dentro de la estructura de la Secretaría de Obras Públicas (lo que obviamente implicará recortes en financiamiento, personal, etc.), el Decreto afirma que “así se promoverá la simplificación organizativa, una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos”, lo que “permitirá fortalecer la coordinación de las políticas públicas en materia de infraestructura hídrica”. Lo cierto es que hoy el INA, creado en 1973, tiene a su cargo la elaboración de pronósticos de inundaciones y sequías, evaluación de la calidad del agua, monitoreos de disponibilidad, prevención aluvional y de contaminación y la evaluación de grandes proyectos, como presas, entre otros temas clave. Funciona en cuatro centros nacionales (en Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza) y cuenta con tres laboratorios (de Hidráulica, Hidrología y Monitoreo de Caudales).
El subgerente del Centro Regional Andino, Santiago Ruiz Freites, explicó: “Si se produce el cierre del INA y de este Centro Andino, la provincia y la región en general se quedan sin ese bagaje de alta especialización de un organismo de ciencia y técnica que no depende de la política de turno, sino que hace estudios que nos garantizan neutralidad y rigor científico”. Y concluyó: “Mendoza no se puede dar el lujo de perder al INA”.
