En las últimas horas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó un informe en el que denuncia que durante el primer año de gestión de Javier Milei los ataques a la prensa aumentaron un 53% en relación con el año previo, acumulando 179 casos registrados. La cifra es incluso mayor en los registros de otras asociaciones periodísticas. Los ataques no son sólo verbales o discursivos sino que en los últimos meses se han registrado también gravísimos casos de violencia física (como el reciente ataque callejero a Roberto Navarro o el disparo de una granada de gas lacrimógeno que casi le cuesta la vida al fotógrafo Pablo Grillo).
FOPEA presentó sus datos este lunes en el marco de su informe anual sobre Libertad de Expresión, titulado “El asedio al periodismo debilita la democracia”. En el evento, Fernando Stanich remarcó que «sólo el Presidente concentra 56 episodios en el último año y 11 más algunos de sus funcionarios», dando cuenta de que la violencia contra el periodismo es alimentada e impulsada desde la cúpula del poder político. El informe puntualiza que durante 2024 el “discurso estigmatizante” y las “restricciones al acceso a la información pública” fueron los dos ítems que más crecieron, pasando de 23 a 76 casos en el primer ítem y de 14 a 21 eventos en el segundo. Paula Moreno, presidenta de la entidad, constató: «Se registró un crecimiento sostenido de discursos estigmatizantes hacia periodistas, provenientes -en su mayoría- del propio Poder Ejecutivo Nacional y de sus entornos digitales. La agresividad se manifiesta en declaraciones públicas, posteos y réplicas en redes sociales que configuran un ecosistema tóxico donde el periodismo crítico es deslegitimado, agredido y presentado como enemigo del ‘pueblo’ o de la ‘libertad'», sostuvo.
De acuerdo con la organización, algunos de los periodistas atacados (que en algunos casos presentaron denuncias judiciales) fueron: Jorge Lanata, Fontevecchia, Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá, Marcelo Longobardi, María O’Donnell, Ernesto Tenembaum, Sofía Diamante, Mónica Gutiérrez, Fabián Waldman, Silvia Mercado, Luisa Corradini, María Laura Santillán, Alejandro Alfie, Marcelo Bonelli, Alejandro Borensztein, Ignacio Ortelli, Víctor Hugo Morales, Delfina Celichini, Nacho Girón, Cecilia Boufflet y Romina Manguel, entre otros. Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía, aclaró que estos «insultos, epítetos humillantes y agravios» del Presidente, «exceden la protección constitucional a la expresión y al ser efectuadas desde el cargo más alto de la República, constituyen una censura por medios indirectos que restringen el libre flujo de ideas, aspecto central en una democracia».
En sintonía con la presentación del informe, Milei redobló la apuesta, publicando en sus redes un texto titulado “Mensaje a los periodistas”, donde insiste con la denuncia de una supuesta “montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias” de la prensa, acusando a los responsables de “llorar” y denunciar “ataques a la prensa” cuando se les responde. Luego de cuestionar “el nivel de soberbia y ego desaforado” del sector concluye, amenazante: “Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase: la gente no odia lo suficiente a los periodistas».
El informe de FOPEA coincide con planteos de larga data que viene planteando el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que denuncia la precarización del trabajo periodístico, la ofensiva oficial contra el sistema de medios públicos (desde el inicial cierre de Télam hasta la intervención del Enacom, pasando por ataques, censuras, cierres y planes de privatización de Radio Nacional, la TV Pública, los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV, la plataforma Cont.ar y Diputados TV, entre otros), pasando por la práctica de las “patotas digitales, trolls y hostigamiento a periodistas”, el “ciberacoso y tecnocensura a periodistas mujeres”, “las trabas burocráticas a la libertad de expresión”, las “restricciones y discrecionalidad en el acceso a la información pública” y muchos otros elementos, además del crecimiento de los ataques directos contra la prensa en manifestaciones o protestas callejeras.
En su “Informe sobre libertad de expresión en Argentina en 2024”, elaborado junto con la Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos de Aires y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, señalan la existencia de “un aparato estatal orientado a acallar las voces críticas de maneras muy concretas, mediante la represión, el hostigamiento y el ahogo económico” y denuncian un “exponencial crecimiento de las denuncias de afectaciones a la libertad de expresión”, a un nivel tal que vuelve “difícil encontrar puntos de comparación con otro período similar desde la recuperación de la democracia”.
Y concluyen: “Censura, hostigamiento, precarización y despidos a periodistas; violencia y criminalización contra personas que toman la voz pública; retracción de políticas de comunicación y desmantelamiento de medios y organismos públicos; obstáculos en el acceso a la información pública; asignación discrecional de fondos publicitarios; ciberacoso y vigilancia digital, son algunos de los grandes ejes a partir de los cuales es posible agrupar y dar cuenta de los hechos ocurridos desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en materia de libertad de expresión”.
