En las últimas horas la cerealera Vicentin sumó un nuevo capítulo a la historia de crisis que arrastra desde 2019, decidiendo directamente el cierre de sus dos plantas (de las localidades de Ricardone y Avellaneda) por no contar con recursos que le permitan pagar los sueldos de sus trabajadores. Ante la amenaza a los puestos de trabajo de más de mil personas, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) confirmaron que los sueldos de marzo deberían cobrarse este martes 8, por lo que esperarán hasta esa fecha para ratificar el incumplimiento y definir un plan de lucha.
“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informaron desde Vicentin en un comunicado, justificando la decisión como “una medida de protección de los activos” ante una coyuntura desfavorable extraordinaria, agravada por recientes decisiones judiciales.
La empresa, en crisis desde fines de 2019 por no poder cumplir con los plazos de devolución de un millonario préstamo del Banco Nación (además de deudas con otros importantes acreedores nacionales e internacionales), hoy sólo trabajaba industrializando granos de otros productores (en un mecanismo conocido como “fasón”, industrialización para un tercero), pero la caída de estos contratos la dejó sin fuentes de ingresos. Especialmente después de que en los últimos días el juez del concurso de acreedores convocara a inversores como ACA y Bunge-Viterra a reactivar sus fasones, pero sin que ninguna empresa se presentara a la audiencia.
Analistas del sector evalúan la precipitada decisión empresarial como una jugada para presionar a la justicia para avanzar con decisiones clave en relación con las demandas de los acreedores (un preacuerdo con el 70% de los mismos aún no fue homologado judicialmente). Así, el caso podría terminar recalando en la Suprema Corte de Justicia. Hace pocos días también la Justicia de Rosario confirmó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos (Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti) acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, incluyendo maniobras como la falsificación de balances, la simulación de operaciones y el desvío sistemático de fondos, incluso con la empresa ya en concurso.
Ante la amenaza sobre los salarios y puestos de trabajo de más de mil empleados de la firma, el gremio y la federación aceitera se encuentran en estado de alerta, anticipando la posible activación de medidas de fuerza en defensa del salario y los puestos de trabajo para las próximas horas.
