Después de que, tras el fracaso de las negociaciones paritarias, desde el Gobierno se definiera de forma unilateral un aumento de 19% para el salario mínimo docente (que así llega a 500 mil pesos), los gremios del sector denunciaron que la administración de Javier Milei “profundiza la precarización y la desigualdad en el sistema educativo”.
En las negociaciones con el oficialismo estuvieron representados los gremios docentes Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), La Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
El aumento unilateral del oficialismo implica una recomposición salarial que lleva el salario mínimo a 500 mil pesos, con un porcentaje que está por detrás de la evolución inflacionaria.
El Ejecutivo estableció de manera unilateral, por medio de la Resolución 381/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, un incremento del 19% en la remuneración mínima docente, que regirá desde febrero. La medida se tomó tras el fracaso de la negociación con los sindicatos, y el ajuste queda por debajo de la inflación del período (considerando que el último ajuste, que llevó el mínimo a 420 mil pesos, fue decidido en agosto del año pasado).
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que se mantiene en “estado de alerta y movilización”, rechazaron esta determinación unilateral, considerando que la cifra implica “un retroceso en la calidad y condiciones” y que “atenta contra las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras”. Respecto de la eliminación de la paritaria nacional docente, “el ámbito donde también se debaten la infraestructura, el presupuesto, el financiamiento y las partidas”, remarcaron que “implica un retroceso que pone en riesgo la calidad educativa y las condiciones de enseñanza y aprendizaje”.
También los gremios docentes adheridos a la CGT (Amet, CEA, Sadop y UDA) rechazaron la decisión gubernamental y denunciaron que «se está confirmando un camino de desinversión en educación en la Argentina de una manera definitiva». Y concluyeron: «El daño al sistema es evidente cuando se resuelve romper la eficacia de las leyes vigentes, no cumpliéndolas o desinflándolas, con consecuencias inmediatas y a largo plazo».
