La Unión de Trabajadores Rurales (UATRE), denunció a la actual intervención -“dispuesta por el gobierno”-, de la Obra Social (OSPRERA), como responsable de la muerte del paciente oncológico José Alfredo Garavento, al “haber rechazado su tratamiento”, a pesar que “se realizaron intimaciones para restituir su quimioterapia”.
“Ante la falta de respuestas y el completo abandono por parte de las autoridades de la intervención”, señalaron desde el gremio que lidera José Voytenco, al confirmar la muerte del paciente “el pasado 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo, por incumplimiento con la medicación”.
En una acusación ampliada, el gremio reafirma que “son cientos los casos de trabajadores rurales que a partir de la intervención del gobierno a la obra social sufren de cortes masivos en sus tratamientos”. “Son pacientes graves” –destacan, “oncológicos HIV, hemofílicos, que se encuentran en riesgo por la falta de cobertura”.
De hecho desde UATRE vienen reclamando por la grave situación con intimaciones y denuncias “para que la intervención y el Gobierno den respuesta”.
La denuncia penal del gremio, involucra al ministro de salud, Mario Lugones, al Superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, y a Marcelo Petroni, actual interventor de la obra social, designado por decreto del gobierno nacional, que encabeza Javier Milei, acusándolos por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y abandono de persona seguido de muerte”.
“El rol del interventor es garantizar las prestaciones médicas prescriptas” especifica la denuncia. “Sin embargo”, detallan, “no hizo nada, dejó al afiliado librado a su suerte, cortó el suministro de la medicación y luego ante la noticia de la situación de desamparo y el peligro para la vida omitió cumplir con sus deberes y prestarle el debido auxilio”.
Asimismo, se involucra a Lugones y Oriolo por “delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público – en calidad de coautores- y por el delito de administración fraudulenta – en calidad de partícipes necesarios-.”.
