Pese a la crisis política y económica que atraviesa el Gobierno de Javier Milei, la administración libertaria sigue decidida a continuar con la aplicación a fondo de la “motosierra” en distintos organismos del Estado, por más vitales que sean sus funciones. En los últimos días se registraron nuevas tandas de despidos en el Instituto de Cine y en las Secretaría de Derechos Humanos y de Niñez, Adolescencia y familia.
En el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ya habían sido despedidos 440 trabajadores durante el año pasado y en las últimas horas fueron pasados “a disponibilidad” (un paso previo a la cesantía) otros 13. El gobierno argumenta que la planta del organismo se encuentra “excedida” en cuanto a “la dotación óptima necesaria”, por lo que se plantea avanzar con una “readecuación de la estructura organizativa con la supresión de Unidades Operativas y/o de determinadas acciones”. La decisión se comunicó por la vía de la Resolución 145/2025, que comenzó a regir oficialmente este lunes.
En cuanto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, un área destinada a diseñar e implementar políticas federales e inclusivas para promover los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas mayores, el pasado viernes 14 la cartera de Capital Humano encabezada por Sandra Pettovello anunció el pase a disponibilidad de todo su personal, afectando a más de 300 trabajadores del sector. La situación de disponibilidad es por un período de un año, tras el que podrán ser despedidos. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) plantearon: “Denunciamos esta nueva embestida contra las y los trabajadores, cuya ausencia implica el abandono de los sectores más golpeados por el brutal ajuste que está llevando adelante este gobierno, ajuste que rompe todo el tejido social de nuestro país y aumenta las desigualdades”.
Por último, en la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona, denunciaron que se le impidió el ingreso a sus puestos de trabajo a más de 40 trabajadores del área, incluyendo delegados. El organismo ya suma más de 500 cesantías, en el marco del plan oficial de cierre o redefinición de los Espacios de la Memoria, el Archivo de la Memoria y otros organismos del sector. Desde el gremio de los trabajadores estatales responsabilizaron directamente al secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, a quien se acusa de hostigamiento, amedrentamiento y desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia.
