La movilización semanal de jubilados que se concretó este miércoles 12 de marzo venía precedida por una cantidad de adhesiones de distintos sectores políticos y sociales (hinchas de clubes de fútbol, sindicatos, organizaciones políticas y de derechos humanos) que garantizaban la masividad del reclamo. Pero minutos antes del inicio de la movilización, cuando ya la plaza Congreso estaba colmada de gente pero todavía faltaba mucha por llegar, las fuerzas de seguridad (federales y de la Ciudad de Buenos Aires) desataron la mayor represión desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, con un saldo de más de 100 detenidos, decenas de heridos y un reportero gráfico golpeado por una granada de gas lacrimógeno que hoy lucha por su vida.
La masiva convocatoria en defensa de los haberes jubilatorios, que incluía reclamos como los de la devolución de medicamentos al 100% en el PAMI (eliminados por el gobierno meses atrás) y otros vinculados a la seguridad social y la salud, había logrado concitar no sólo la adhesión de hinchas de todos los clubes de fútbol sino también de las Confederación General del Trabajo y de organizaciones como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), además de gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Bancaria, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agtsyp-Metrodelegados y muchos otros, además de numerosas organizaciones políticas, movimientos sociales y de derechos humanos.
Media hora antes del horario de convocatoria, a la 16.30, las fuerzas de seguridad comenzaron a intentar desalojar la plaza con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. Avanzando desde el Congreso con un despliegue represivo inusitado a cargo de la ministra Bullrich (que luego reivindicó todos los excesos cometidos durante la tarde y la noche), en coordinación con su par porteño Waldo Wolff, se fue desalojando la plaza. Algunas columnas de manifestantes terminaron marchando hasta Plaza de Mayo, donde nuevamente se desplegó la represión, pese a que no se estaba violando ningún protocolo ya que la protesta era sobre la plaza y no cortando las calles.
En medio del operativo de seguridad, el fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años de edad, fue alcanzado por una granada de gas que lo impactó en la cabeza, causándole graves heridas y pérdida de masa encefálica. El fotoperiodista fue intervenido quirúrgicamente con éxito y hoy, dentro de la extrema gravedad de su situación, se espera una mejoría. Consultada por el caso, Bullrich justificó la represión argumentando que el herido era “kirchnerista”. Como es habitual en las últimas movilizaciones, gran cantidad de trabajadores de prensa resultaron heridos, tanto por el gas pimienta como por balazos de goma. Desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (arGRa) se exige la renuncia de Bullrich por estos hechos. El SiPreBA también denunció el hecho: «Protestar o hacer periodismo no puede poner en riesgo la vida. Denunciamos la gravísima represión contra la protesta y la prensa, exigimos que frenen con la cacería y liberen a todas las personas».
Frente a este escenario de represión al derecho constitucional a la protesta, a partir de las 20 se autoconvocaron “cacerolazos” en distintos puntos de la ciudad, que en algunos casos (como sucedió en Congreso), también fueron reprimidos, sumando nuevos detenidos y más heridos. Una de las columnas arribó a Plaza de Mayo casi a la medianoche, reclamando por una investigación de los hechos y la libertad de los más de 100 detenidos, en muchos casos ni siquiera identificados, mientras que hay varios manifestantes que sus familias denuncian como desaparecidos hasta hoy.
Tras los numerosos excesos represivos cometidos durante toda la jornada, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de los detenidos, considerando que “se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores mas vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”.
