A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial el gobierno da un nuevo paso sobre el desfinanciamiento de las entidades que nuclean a los actores sociales del mundo laboral, impidiendo que las Convenciones Colectivas de Trabajo tengan la obligación de realizar “contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.
La resolución que lleva la firma de Guillermo Francos y Sandra Pettovello, pone en marcha el proyecto comandado por Javier Milei, especificándose que la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, “no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contradigan” esta disposición de la administración nacional.
La medida que, para el titular del área de desregulación, Federico Sturzenegger, «termina con un importante privilegio de la casta», preocupa tanto a las cámaras empresariales, como a las organizaciones sindicales que ven en esta acción, no sólo un recorte de fondos, sino también una reducción extrema en la representación del campo laboral, que conforma el trabajo y la producción.
Esto incluye una dificultad para la continuidad de las negociaciones entre interlocutores que convergen en acuerdos de condiciones de empleo y retribuciones salariales en todo el territorio nacional en las diferentes actividades de trabajo y producción, por lo que se espera una protesta conjunta, tanto desde el campo legal, como desde el gremial (cámaras empresariales y federaciones sindicales) y el político, a través de los partidos opositores a la gestión libertaria.
Paralelamente, tendrán que poner en marcha una campaña de concientización de los beneficios que rigen hoy para los afiliados, ya que la normativa que se pondrá en funcionamiento en 90 días, le impone a las entidades, organizaciones o asociaciones, para que continúen ejerciendo el rol de asumir los derechos colectivos de empresas, que deben ser los propios asociados, quienes ratifiquen la aceptación explícita de pertenecer a esas entidades.
