Después de los más de dos mil despidos que se registraron a última hora del pasado viernes en el Ministerio de Capital Humano, se confirmaron otros 400 en la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, en la Dirección Nacional de Arquitectura y en otras dependencias estatales. Desde el inicio de la gestión nacional de Javier Milei, se contabilizan más de 44 mil cesantías en el Estado.
Desde la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmaron: “Esta es una más de las maniobras destructivas que este gobierno macabro está implementando, como forma de destrucción del Estado, dejando así a 400 familias en la calle sin ninguna oportunidad”. Y añadieron: “No nos rendiremos en nuestra lucha por defensa del trabajo y la justicia”.
Como en la cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello, la comunicación de los más de 400 despidos se realizó el viernes por la noche, por medio del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), intentando evitar respuestas colectivas o una movilización de los cesanteados.
También se confirmó el despido de 350 empleados de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), hoy encabezada por Lucas Figueras. En 2024 ya se había efectuado un recorte de 100 personas. Trabajadores de la entidad, denuncian que está en curso un “desmantelamiento del organismo” responsable del saneamiento hídrico, que hoy está “cerrando áreas enteras y paralizando acciones fundamentales como el monitoreo de calidad ambiental, el control de empresas contaminantes, la gestión de residuos, la prevención de inundaciones, infraestructura, salud y educación ambiental, áreas de vivienda y fortalecimiento comunitario, que intervienen en un territorio de más de 6 millones de habitantes”.
De acuerdo con el más reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde el inicio del gobierno de Javier Milei se redujeron 43.778 puestos de trabajo en diversas dependencias estatales, especialmente en las empresas públicas y de sociedades estatales, seguido por la Administración descentralizada y la Administración centralizada y desconcertada.
“Esta política de desguace del sector público está alineada con el objetivo explícito de la gestión libertaria de reducir el Estado, no sólo en su tamaño sino también en sus capacidades regulatorias y de gestión”, denunciaron desde CEPA.
