Tras la decisión del presidente Javier Milei de designar a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema por decreto (sin la aprobación del Senado, un requisito constitucional), se abrió una fuerte polémica entre sectores políticos, judiciales y gremiales. Mientras que la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) de Julio Piumato apoyó la designación, la Federación Judicial Argentina (FJA) y el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS) lo rechazaron tajantemente.
Los magistrados designados son Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el segundo de los cuales ya prestó juramento en las últimas horas ante el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Horario Rosatti, hecho también cuestionado por diversas organizaciones, que insisten con la inconstitucionalidad de la designación.
Sin embargo, la UEJN (integrante de la CGT) emitió un comunicado en el que respaldó la decisión del gobierno, haciendo cargo del problema a la “irresponsabilidad del conjunto de fuerzas políticas del Senado”, que viene “entorpeciendo” las designaciones, con una actitud “mezquina”. El gremio que encabeza Piumato (históricamente cercano al cuestionado juez Lijo) consideró a los nuevos magistrados como “un aporte fundamental” para el Máximo Tribunal y añadió: “Los trabajadores y trabajadoras ven con esperanza la designación por su amplia trayectoria y por sus conocimientos de la Justicia”.
En cambio, desde la Federación Judicial Argentina (FJA), que integra la CTA-Autónoma (CTA-A) se emitió un comunicado repudiando “de manera categórica” la designación. Al respecto, consideraron que se trata de una “embestida contra el orden constitucional”. Y añadieron: “Esta medida es manifiestamente inconstitucional, atenta contra el orden democrático y vulnera de manera flagrante el principio republicano de división de poderes consagrado en la Constitución Nacional”.
Luego detallaron: “El artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional es inequívoco al establecer que el nombramiento de los jueces de la CSJN requiere no solo la propuesta del Poder Ejecutivo, sino la aprobación del Senado de la Nación mediante el mecanismo de acuerdo previsto expresamente. La norma dispone que el presidente “nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes”. También remarcaron que en la Constitución no existe “ninguna facultad que habilite al presidente de la Nación a designar jueces de la Corte Suprema mediante un decreto, mucho menos en abierta elusión del procedimiento constitucional establecido”.
La FJA concluyó llamando “a todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales a manifestarse de manera activa y contundente contra este atropello. No podemos permitir que, bajo ningún pretexto, se socaven los principios fundamentales de nuestra democracia”.
En el mismo sentido se pronunció el FAOS, planteando su “absoluto rechazo a la medida inconstitucional adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, que representa un preocupante salto autocrático, avasallando la independencia de los otros dos poderes del Estado”. Al respecto, añadieron que esta decisión presidencial se suma a un “Poder Judicial ya desprestigiado”, lo que “no hará más que profundizar su crisis institucional”, generando “mayor incertidumbre jurídica y atentando contra cualquier posibilidad de crecimiento económico en el país”.
Y concluyeron: “No podemos ignorar que esta apropiación del Poder Judicial ocurre en un contexto donde ha surgido una causa que, con hechos públicos, compromete al Presidente de la Nación. Cualquier sentencia exculpatoria que en el futuro dicte nuestro máximo tribunal, derivará en una clara sospecha de parcialidad”.
