El Gobierno nacional de Javier Milei convocó para este martes a reabrir la negociación paritaria en el ámbito de la Administración Pública Nacional, convocando a representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tras el cuarto intermedio definido a fines del año pasado. Según trascendió, en sintonía con la política oficial de seguir anclando la inflación por la vía salarial, la propuesta de aumento sería del 1% mensual, cifra que ATE ya anticipó que rechazará.
La política de fijar un techo a las paritarias viene siendo aplicada desde el año pasado, incluso bloqueando por la vía de la no homologación en la Secretaría de Trabajo acuerdos suscriptos por las cámaras patronales con distintos gremios, que desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo se consideraba que iban más allá de lo aceptable para mantener bajo control la dinámica del Índice de Precios al Consumidor (considerando que un aumento salarial excesivo es “inflacionario”, aunque en muchos casos aún no se hayan recuperado los niveles de poder adquisitivo de 2023).
El encuentro para retomar la negociación salarial de los estatales está citado para la 14 en la sede de Avenida Callao de la Secretaría de Trabajo. El último acuerdo salarial para el sector, firmado por UPCN y rechazado por ATE, se firmó en octubre, fijando un aumento del 3% para noviembre y diciembre (más el pago de un bono de fin de año de $30.000).
ATE, gremio conducido por Rodolfo Aguiar, denuncia que la convocatoria es “tardía”, porque ya hay un significativo impacto inflacionario “retroactivo”. “La propuesta que se realice tiene que tener impacto retroactivo a enero y permitir abrir un proceso de recuperación de los salarios en el sector público. Hasta ahora la política salarial del Ejecutivo ha destruido todos los ingresos y ese daño tiene que ser reparado”, sostuvo Aguiar.
En el mismo sentido, anticiparon que no convalidarán “la imposición de un techo salarial”, anticipando un escenario de conflicto sostenido en la Administración Pública (lo que también es alimentado por la política oficial de avanzar con importantes recortes de personal y cierres de organismos estatales, especialmente en el sector Salud durante las últimas semanas).
