La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) dio a conocer un comunicado donde rechaza «de manera categórica la actitud de ARCA (ex AFIP), al haber transcurrido más de 60 días sin que se realicen las devoluciones del IVA retenido en las ventas de granos».
Esta protesta, pone en superficie un contexto de fuerte tensión entre diferentes áreas del gobierno nacional con las entidades que representan a la actividad agropecuaria, nucleadas en la Mesa de Enlace, que conforman Sociedad Rural, CONINAGRO, Federación Agraria y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quienes tienen fecha pautada de reunión para los primeros días del próximo mes de febrero.
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Puntualmente CARBAP califica como una «inadmisible demora» la devolución del Impuesto al Valor Agregado, argumentando que «no solo agrava de manera alarmante la ya insostenible carga fiscal y financiera que pesa sobre el sector agropecuario, sino que además genera un clima de incertidumbre que afecta directamente a la viabilidad y operatividad de los productores».
De hecho de manera paralela, trascendió la agenda que las máximas autoridades del sector buscan imponer en las conversaciones con la administración libertaria, donde apuntan a «aliviar la carga fiscal sobre los pequeños y medianos productores» para ir hacia «un esquema impositivo más equilibrado» que atienda a la situación de las economías regionales, incluida la eliminación de las retenciones sobre los derechos de exportación.
«Exigimos a las autoridades competentes la adopción inmediata de medidas concretas para resolver esta problemática» , plantea CARBAP, en relación a la retención del IVA, mencionando también la necesidad de «regularizar las devoluciones pendientes y evitar un daño irreparable al sector agropecuario», afirmando que «la falta de respuestas claras y acciones efectivas resulta inaceptable»
Paralelamente, desde toda la actividad reclaman «la urgente mejora de caminos rurales», con inversión en rutas, vías navegables, puertos y ferrocarriles, solicitando al Estado Nacional que asuma un rol que hasta aquí no viene desempeñando con la vocación y el presupuesto necesario, que también incluya inversión en «conectividad y seguridad rural».
